Diputado del PVEM cuestiona gasto millonario en tablero electrónico del Congreso de Guerrero en 2018

Jhobanny Jiménez Mendoza señala que el sistema de votación, con un costo de más de 7.1 millones de pesos, es obsoleto e inoperante; pide transparentar el uso de recursos y modernizar el proceso legislativo

Texto: Fernando Foster 

Fotografía: Jesús de la Cruz 

Chilpancingo, Gro., 17 de marzo de 2026.- El diputado local de la fracción parlamentaria del PVEM, Jhobanny Jiménez Mendoza, cuestionó el funcionamiento y el costo del tablero electrónico del Congreso del Estado de Guerrero, al asegurar que el sistema, adquirido por más de 7.1 millones de pesos, ya es obsoleto y no cumple con las condiciones necesarias para su uso.

En entrevista, el legislador explicó que, tras solicitar información oficial, se realizó una revisión del equipo mediante una tableta, confirmando que el software no ha sido actualizado y que la tecnología quedó rebasada. Incluso, señaló que el sistema falló desde su primera utilización, lo que dijo no justifica el gasto realizado.

Jiménez Mendoza, subrayó que la exigencia principal es la transparencia, al recordar que en diversas legislaturas no se ha dado seguimiento al problema del tablero electrónico, lo que ha generado inconsistencias entre el número de diputados presentes y los registros de votación.

Indicó que las comisiones legislativas cuentan con un plazo de 30 días para dictaminar este tema, por lo que urgió a emitir una resolución a la brevedad. Asimismo, propuso que para el próximo periodo de sesiones se implemente un nuevo sistema que permita eficientar el trabajo legislativo y reducir el uso excesivo de papel.

El diputado también destacó que un sistema de votación funcional garantizaría mayor claridad para la ciudadanía sobre el sentido del voto de cada legislador, evitando dudas y fortaleciendo la rendición de cuentas.

En cuanto al origen del contrato, consideró que debió realizarse mediante una licitación transparente y adelantó que, dependiendo de los resultados de la investigación, se podría determinar si existen responsabilidades sobre el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, expresó su respaldo a medidas de austeridad como las planteadas en el “Plan B” del gobierno federal, incluida la reducción de sueldos de funcionarios y representantes populares, siempre que los ahorros se destinen a beneficiar a comunidades y municipios.

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