La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal calificó como un hecho de “máxima gravedad institucional” la presunta vulneración de información confidencial y anunció que solicitará una investigación y sanciones contra el personal responsable
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo, Guerrero, 25 de junio de 2026.— La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal y aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Esthela Damián Peralta, anunció que presentará una denuncia formal ante el Registro Federal de Electores (RFE) por la presunta filtración indebida de sus datos personales y sensibles por parte de personal adscrito a un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Acapulco.
Durante un mensaje emitido desde el Lago de Tuxpan, la exfuncionaria federal calificó el hecho como un asunto de “máxima gravedad institucional”, al considerar que se vulneró el deber de confidencialidad que tienen las autoridades electorales respecto a la información de los ciudadanos.
Damián Peralta precisó que la denuncia no responde únicamente a un agravio personal, sino a la necesidad de garantizar que las instituciones encargadas del padrón electoral cumplan con su obligación constitucional de proteger los datos de la ciudadanía.
“Voy a presentar una denuncia en particular contra un módulo al que acudí en Acapulco, Guerrero, porque entregaron de manera indebida datos sensibles y confidenciales que no tendrían que haber filtrado. Este asunto lo voy a denunciar para que lo investigue el Registro Federal de Electores. Es un asunto sumamente delicado, no porque sea contra Esthela Damián, sino porque ellos son los encargados de proteger los derechos de todos los ciudadanos”, expresó.
La aspirante morenista aseguró que proporcionará la información precisa del módulo donde ocurrieron los hechos para que se inicie una investigación interna y, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
“Su servidora tiene una trayectoria pública y transparente, no tengo nada que ocultar ni nada que esconder. En el Registro Federal de Electores daré los datos del módulo donde entregué mis datos sensibles para que procedan con la investigación y sancionen con todo el peso de la ley”, añadió.
De acuerdo con la legislación federal vigente, la sustracción, comercialización o uso indebido de información contenida en el padrón electoral constituye una violación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y puede configurar un delito federal.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que cualquier funcionario que altere, comercialice o haga uso ilícito de documentos o información relacionada con el Registro Federal de Electores puede enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión de dos a seis años, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
La legislación también contempla responsabilidades administrativas y penales para cualquier persona que participe o colabore en la difusión dolosa de información confidencial resguardada por las autoridades electorales.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones formuladas por la exconsejera jurídica.
Deja una respuesta