El director del Centro “Minerva Bello” sostuvo reuniones en el Senado en Washington para exponer la crisis humanitaria que enfrentan comunidades indígenas de la Montaña baja por la disputa criminal entre grupos de la delincuencia organizada
Texto: Rangel Ventura
Chilpancingo, Gro., 20 de mayo de 2026.— El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”, informó que acudió a Washington, D.C., para solicitar atención y acompañamiento internacional ante la crisis de desplazamiento forzado y violencia que enfrentan comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero.
A través de un mensaje público, el sacerdote señaló que sostuvo una reunión con Guy Mentel, especialista en temas relacionados con América Latina, democracia y política exterior dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Durante el encuentro, dijo, expusieron la situación de violencia provocada por grupos criminales que disputan el control territorial en distintas regiones de Guerrero, particularmente en zonas donde existen intereses mineros.
“Compartimos preocupaciones sobre desplazamiento forzado, violencia, gobernanza criminal y los riesgos que enfrentan comunidades indígenas y personas defensoras de derechos humanos”, expresó Velázquez Florencio.
El sacerdote añadió que continuará buscando respaldo internacional para visibilizar la situación que enfrentan las víctimas en Guerrero.
“Seguimos tocando puertas para que la voz de las víctimas y de las comunidades llegue a espacios donde puedan generarse acciones y acompañamiento”, sostuvo.
La reunión ocurre en medio de una creciente ola de violencia en municipios como Chilapa, José Joaquín de Herrera y comunidades integradas al Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), donde organizaciones civiles han denunciado ataques armados, amenazas, uso de drones con explosivos y desplazamientos forzados.
En las últimas semanas, habitantes de comunidades como Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán han denunciado incursiones de grupos armados ligados a la disputa entre las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos, conflicto que ha provocado el abandono de viviendas, quema de casas y la salida de decenas de familias indígenas de sus comunidades.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que la violencia en la Montaña baja se ha intensificado por la disputa territorial y el control de rutas estratégicas en zonas donde también existen proyectos y concesiones mineras, mientras familias desplazadas continúan denunciando falta de seguridad y escasa respuesta de autoridades estatales y federales.
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