Difunden un video del “festejo matrimonial” entre Jesús y Jennifer, dos adolescentes de comunidades rurales del puerto
Mientras activistas y ciudadanos cuestionan la normalización de estas uniones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos permanece sin pronunciarse
Texto: Rangel Ventura
Acapulco, Gro., 19 de mayo de 2026. — La difusión en redes sociales de un video donde se muestra el “festejo matrimonial” entre dos menores de edad en la comunidad de Huamuchitos, zona rural de Acapulco, provocó una ola de indignación, debate y cuestionamientos sobre la persistencia de matrimonios infantiles en comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pese a que esta práctica está prohibida por la ley en México.
El video, titulado “Festejo Matrimonial Jesús y Jennifer en Huamuchitos”, fue difundido en Facebook y tiene una duración superior a los 11 minutos. En las imágenes se observa a los adolescentes realizando un recorrido nupcial acompañados por adultos, presuntamente familiares, antes de trasladarse en una camioneta hacia la cancha techada del poblado, donde se desarrolló una celebración con invitados, regalos y música, siguiendo las tradiciones y usos comunitarios de la región.
La comunidad de Huamuchitos forma parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, una extensa zona rural del municipio de Acapulco donde, de acuerdo con habitantes consultados, continúan realizándose este tipo de enlaces bajo la denominación de “festejos matrimoniales”, debido a que legalmente no pueden formalizarse ante el Registro Civil.
De acuerdo con testimonios recabados en la comunidad, Jesús es originario de Huamuchitos, mientras que Jennifer proviene del poblado de El Cantón, ambos dentro del núcleo agrario de Cacahuatepec. Según versiones de pobladores, la pareja habría iniciado una relación desde meses atrás y en junio de 2025 realizaron un compromiso familiar que derivó, cinco meses después, en el festejo difundido recientemente.
Habitantes de la zona aseguran que estas uniones no son forzadas y que forman parte de las costumbres locales. Un testigo señaló que, cuando los padres observan que los jóvenes mantienen una relación sentimental, ambas familias dialogan y acuerdan el compromiso que posteriormente desemboca en el festejo matrimonial.
“Aquí se les llama festejos matrimoniales porque legalmente no pueden casarse. Nadie obliga a nadie, pero es una tradición que existe desde hace muchos años en comunidades como Huamuchitos, El Cantón, Espinalillo, Barrio Nuevo y Apanhuac”, relató uno de los pobladores entrevistados.
Sin embargo, la difusión del video provocó fuertes críticas entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron que los adolescentes lucían incómodos durante el evento y cuestionaron que, en lugar de vivir en pareja, deberían continuar sus estudios. Otros recordaron que el matrimonio infantil está prohibido en México y que este tipo de prácticas representan una vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En Guerrero, desde octubre de 2022, el Congreso local aprobó reformas para sancionar las uniones infantiles. La legislación establece penas de cinco a diez años de prisión para quienes obliguen a menores de edad a vivir en relaciones equiparables al matrimonio, y sanciones de tres a diez años para quienes promuevan o se beneficien de este tipo de prácticas.
Pese a ello, en comunidades rurales de Acapulco estos enlaces continúan realizándose de manera informal y bajo la cobertura de usos y costumbres. De acuerdo con testimonios de habitantes de la región, cada año podrían celebrarse entre 30 y 50 “festejos matrimoniales”, aunque reconocen que la cifra real podría ser mayor.
Uno de los casos que más controversia generó en años recientes fue el de dos niños de apenas 10 y 11 años en la misma zona rural de Acapulco, situación que provocó condenas públicas y llamados de organismos defensores de derechos humanos.
Hasta el momento, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), presidida por Cecilia Narciso Gaytán, no ha emitido ningún posicionamiento oficial respecto a la difusión del video ni sobre la continuidad de este tipo de prácticas en comunidades rurales del estado.
La ausencia de pronunciamiento también ha sido cuestionada por ciudadanos y organizaciones civiles, quienes acusan omisión institucional frente a casos que involucran posibles violaciones a los derechos de menores de edad.
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