La titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez planteó la firma de un acuerdo entre “todas las partes del conflicto” durante su visita a Alcozacán; ofreció programas sociales, atención al campo y obras para comunidades afectadas por la disputa criminal en Chilapa
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Video: Redes sociales
Chilpancingo, Gro., 14 de mayo de 2026.- En medio de la crisis de violencia que mantiene desplazadas a decenas de familias indígenas en la Montaña Baja de Guerrero, la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez ofreció a los grupos de civiles armados involucrados en los enfrentamientos en la región la firma de un acuerdo de paz para frenar la confrontación.
Durante una asamblea realizada en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, la funcionaria federal planteó la instalación de una mesa de diálogo con “todas las partes del conflicto”, luego de varios días de ataques armados con drones, balaceras, bloqueos carreteros y desplazamientos forzados en comunidades nahuas, por parte de grupos de la delincuencia organizada.
“Tenemos que firmar un acuerdo de paz para que podamos vivir tranquilos y en paz. Ese es un compromiso que estaríamos nosotros haciendo con ustedes, con todas las partes del conflicto. Tenemos que comprometernos todas y todos a llevar la paz a las familias, a las mujeres y a los niños”, expresó la titular de Gobernación frente a pobladores desplazados y autoridades comunitarias.
Rosa Icela Rodríguez aseguró además que el Gobierno federal revisará la inclusión de campesinos y productores de la región en programas del campo, así como la posibilidad de atender demandas relacionadas con caminos artesanales e infraestructura para las comunidades indígenas.
“La parte de los programas del campo también cuenten con ellos. Vamos a estar viendo ahí en la mesa de paz que se va a construir con ustedes de esos acuerdos para ver cuáles son los alcances”, señaló.
La propuesta de un acuerdo de paz ocurre después de una nueva escalada de violencia atribuida a la disputa entre grupos criminales en la región de Chilapa y José Joaquín de Herrera, donde comunidades indígenas han denunciado ataques armados y con drones, además de omisiones de fuerzas de seguridad. 
Desde el pasado 9 de mayo, familias de Tula, Xicotlán y Acahuehuetla huyeron de sus comunidades y se refugiaron en Alcozacán tras los enfrentamientos armados. Habitantes desplazados denunciaron posteriormente que no existen garantías reales para regresar a sus hogares y acusaron falta de apoyo humanitario suficiente.
La visita de la secretaria de Gobernación y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda formó parte de una estrategia federal para intentar contener la crisis de seguridad en la Montaña Baja, donde fueron desplegados más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales. 
De acuerdo con reportes oficiales y medios nacionales, el Gobierno federal priorizó el diálogo como mecanismo para pacificar la región y anunció la construcción de una mesa permanente de paz con comunidades y autoridades locales. 
Sin embargo, la propuesta de firmar un acuerdo con “todas las partes del conflicto” ocurre en un contexto marcado por señalamientos de presencia y control territorial de organizaciones criminales como Los Ardillos y Los Tlacos, grupos que desde hace años mantienen una disputa violenta en esta zona de Guerrero.
La violencia en la Montaña Baja se ha prolongado durante más de una década y ha dejado asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y constantes denuncias de comunidades indígenas que reclaman abandono institucional y falta de seguridad. 
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