Pese a existir quórum legal, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Carabias Icaza, frenó la sesión ordinaria sin detallar causas
Las y los legisladores de Morena denuncian opacidad, violación a acuerdos y advierten posibles acciones
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 22 de abril de 2026.– La sesión ordinaria del Congreso del Estado fue abruptamente enviada a receso por el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza (PVEM), quien alegó falta de condiciones para continuar los trabajos legislativos, a pesar de que en el pleno se contaba con quórum legal.
La determinación detonó un inmediato choque político al interior del recinto, con diputadas y diputados —principalmente de Morena— cuestionando la legalidad y la falta de argumentos claros para interrumpir el desarrollo de la sesión.
Durante el desarrollo de los trabajos, legisladoras solicitaron que quedara asentado en el Diario de los Debates que, aun existiendo quórum, la Mesa Directiva ordenó el receso sin una justificación detallada. También exigieron precisar si la decisión respondía a un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo cual no fue aclarado en ese momento.
En respuesta, Carabias Icaza defendió su actuación al sostener que declarar un receso es una facultad inherente a la presidencia de la Mesa Directiva. Afirmó además que no se trataba de una suspensión definitiva, sino de una pausa en los trabajos legislativos, cuya reanudación fue programada para el próximo martes 28 de abril.
Sin embargo, la explicación no contuvo el descontento. Más tarde, en conferencia de prensa, un bloque de siete diputados de Morena endureció su postura y calificó la decisión como “arbitraria”, al señalar que existían condiciones para continuar con el desahogo del orden del día.
Los legisladores advirtieron que la falta de transparencia en la conducción de la sesión genera incertidumbre y debilita la rendición de cuentas del Poder Legislativo ante la ciudadanía, además de romper con acuerdos políticos previamente construidos.
Asimismo, insistieron en que el Congreso local está obligado a enviar señales de responsabilidad institucional, cumpliendo con los compromisos asumidos en el pleno y evitando decisiones unilaterales que tensionen la dinámica parlamentaria.
Finalmente, adelantaron que analizarán las acciones políticas y legales a seguir tras lo ocurrido, al tiempo que reiteraron su llamado a restablecer el diálogo y el respeto entre las fuerzas representadas en el Congreso, en un contexto marcado por la creciente confrontación interna.
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