Familias de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán denunciaron abandono gubernamental; reportan tres personas asesinadas y al menos 15 desaparecidas tras incursiones atribuidas a Los Ardillos
Texto: Yener Santos / Enviado especial
Chilapa de Álvarez, Gro., 12 de mayo de 2026.- Alrededor de 250 personas desplazadas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán permanecen refugiadas en la cancha de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, donde enfrentan condiciones precarias, falta de alimentos y temor ante los ataques armados atribuidos al grupo delictivo Los Ardillos.
Entre los desplazados hay adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños que huyeron de sus hogares luego de que hombres armados atacaron las comunidades a balazos y con explosivos desde el pasado miércoles, tomando el control de la zona.
De acuerdo con testimonios de los habitantes, las familias refugiadas carecen de apoyo humanitario suficiente y desde la noche del sábado únicamente han podido alimentarse con agua y galletas.
Este martes se cumplieron cuatro días desde que más de 800 habitantes de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán abandonaron sus hogares debido a la violencia generada en esa región de la Montaña baja de Guerrero.
Durante este martes arribaron a Alcozacán autoridades estatales encabezadas por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; sin embargo, pobladores señalaron la ausencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuya visita había sido anunciada previamente por el gobierno federal.
El comisario de Alcozacán, José Lorenzo Coxihuite Sánchez, reprochó que las autoridades no llevaran ayuda humanitaria, como despensas o apoyos emergentes, ni propuestas concretas para garantizar el retorno seguro de las familias a sus comunidades.
Asimismo, indicó que han solicitado al gobierno federal condiciones de seguridad para que los habitantes puedan trasladarse a Chilapa a comprar víveres y productos básicos.
Hasta las 15:00 horas de este martes, la seguridad en la zona únicamente estaba a cargo de cinco camionetas de la Guardia Nacional y cuatro patrullas de la Policía Estatal.
Los desplazados relataron el terror vivido durante los ataques armados y denunciaron que desde el miércoles los grupos criminales cortaron el suministro de energía eléctrica y la red de telefonía fija en las comunidades afectadas.
Durante un recorrido realizado en la zona del conflicto se observó a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizando labores para restablecer el servicio eléctrico. También se constató que en distintos puntos de la carretera que conecta el crucero de Los Ajos con Ayahualtempa había bloqueos colocados con troncos y piedras, presuntamente por integrantes del grupo criminal para impedir el acceso de vehículos.
Las familias desplazadas y autoridades comunitarias denunciaron además que, durante los días de violencia, tres personas fueron asesinadas y al menos 15 más permanecen desaparecidas.
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