Autoridades comunitarias de pueblos indígenas de Chilapa acusaron a las autoridades de abandonar a las comunidades durante los ataques armados en la Montaña baja y denunciaron una campaña para criminalizar a los pueblos desplazados por la violencia
Texto: Rangel Ventura
Chilapa de Álvarez, Gro., 21 de mayo de 2026.— Autoridades comunitarias e indígenas de la Montaña baja de Guerrero difundieron un pronunciamiento público en el que rechazaron los señalamientos de autoridades estatales y municipales que los vinculan con grupos delictivos, además de denunciar abandono institucional durante los recientes ataques armados registrados en comunidades de Chilapa.
El documento, firmado por comisarios de localidades como Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Zacapexco, Nuevo Amanecer y Buena Vista, fue dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al Congreso Nacional Indígena (CNI), organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a medios de comunicación.
En el posicionamiento, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) acusaron que durante los ataques armados registrados desde el pasado 6 de mayo las comunidades quedaron desprotegidas pese a las solicitudes de ayuda dirigidas al Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
“Las comunidades se quedaron solas. Cuando por fin alguna camioneta del Ejército o de la Guardia Nacional aparecía, era solo para observar cómo éramos atacados y se retiraban”, señalaron.
Asimismo, denunciaron que mientras ocurrían los ataques con drones y armas de alto poder, autoridades estatales minimizaron la situación y sostuvieron públicamente que se trataba de enfrentamientos entre grupos criminales.
En el documento, las comunidades responsabilizaron directamente al Gobierno del Estado y cuestionaron declaraciones atribuidas al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien informó que la violencia derivaba de una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.
“No aceptamos que se nos diga que pertenecemos a un grupo criminal cuando nuestras comunidades han sido víctimas del exterminio durante ya más de 10 años”, expresaron.
También rechazaron señalamientos del Ayuntamiento de Chilapa, encabezado por la alcaldesa priista Mercedes Carballo Chino, a quien acusaron de replicar la narrativa oficial que atribuye la violencia únicamente a conflictos entre organizaciones criminales.
Las autoridades comunitarias sostuvieron que más de 2 mil personas han resultado desplazadas por la violencia en la región y denunciaron asesinatos, desapariciones, viviendas incendiadas, cortes de energía eléctrica y ataques con drones explosivos.
“Abuelas, abuelos, niñas y niños huyendo a las cuevas y barrancas en los montes”, describe el pronunciamiento al referirse a la situación humanitaria que atraviesan las comunidades indígenas.
Además, el CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF se deslindaron públicamente de cualquier vínculo con organizaciones delictivas y afirmaron que sus estructuras comunitarias están enfocadas en la defensa de la vida y el territorio.
El comunicado también hace referencia a videos difundidos recientemente en redes sociales, donde algunas personas de las comunidades pedían intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sobre ello, aclararon que dichas expresiones no representan la postura oficial del CIPOG-EZ ni de la CRAC-PC-PF.
“Rechazamos y hacemos el deslinde firme del contenido de dichos videos”, señalaron.
En las últimas semanas, la Montaña baja de Guerrero ha registrado un recrudecimiento de la violencia derivado de la disputa territorial entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, particularmente en municipios como Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Comunidades indígenas como Xicotlán, Tula, Alcozacán y Acahuehuetlán han denunciado ataques armados, uso de drones explosivos, quema de viviendas y desplazamientos forzados, mientras organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido sobre una crisis humanitaria en la región ante la insuficiente respuesta de autoridades estatales y federales.
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