Dos internos fallecieron por golpizas en el Centro de Reinserción Social; necropsias confirmaron violencia extrema, mientras no hay funcionarios sancionados y persisten señalamientos de omisión y descontrol institucional
Texto: Jorge Balvanera
Chilpancingo, Gro., 26 de abril de 2026.— Al menos dos personas privadas de la libertad han muerto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo en hechos marcados por violencia extrema, falta de atención médica oportuna y ausencia de sanciones contra autoridades penitenciarias.
Ambos casos presentan un patrón similar: internos que fueron hallados sin vida tras sufrir severas lesiones físicas, entre ellas fracturas y golpes en distintas partes del cuerpo. En un inicio, las versiones oficiales intentaron atribuir las muertes a causas naturales; sin embargo, los resultados de las necropsias confirmaron que se trató de agresiones físicas.
Uno de los casos corresponde a Abundio Feliciano Flores, localizado sin vida en su celda. Previamente, Daniel Francisco Gutiérrez falleció luego de una golpiza que derivó en una sepsis generalizada. De acuerdo con los reportes, pese a la gravedad de su estado, únicamente recibió un analgésico, sin que se ordenara su traslado urgente a un hospital.
En el caso más reciente, de manera extraoficial se informó que uno de los presuntos responsables sería un compañero de celda, identificado como Daniel Alejandro “N”, quien se encuentra encarcelado por un caso similar, al golpear hasta casi matar a un hombre hace unos meses en esta capital. No obstante, hasta el momento no se ha informado de detenciones ni de acciones contra custodios o directivos del penal.
Los hechos han puesto en entredicho el control al interior del centro penitenciario, donde, de acuerdo con los indicios, la violencia entre internos ocurre sin intervención efectiva de las autoridades. La recurrencia de estos casos ha generado cuestionamientos sobre la gobernabilidad en el penal y posibles omisiones en la cadena de mando.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación por ambos casos, no se han dado a conocer avances sustanciales ni responsables identificados.
Especialistas y voces críticas advierten que estos hechos reflejan un sistema penitenciario rebasado, en el que las condiciones de seguridad y vigilancia resultan insuficientes para garantizar la integridad de las personas bajo resguardo del Estado.
Aunque el discurso oficial sostiene el objetivo de la reinserción social, los recientes acontecimientos evidencian fallas estructurales en el funcionamiento del penal de Chilpancingo, donde la violencia y la impunidad persisten sin consecuencias claras.
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