Un litigante acudió a realizar un trámite rutinario en la delegación del puerto y terminó denunciando penalmente a la institución por la retención indebida y pérdida de su identificación oficial; acusa además maltratos y restricciones arbitrarias
Texto: Rangel Ventura
Acapulco, Gro., 14 de abril de 2026.– Lo que debía ser una diligencia ciudadana ordinaria en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se transformó en una pesadilla legal para el abogado particular, Guillermo González Jiménez, quien ahora señala a la máxima institución de justicia en el país no solo de ineficiencia, sino de cometer presuntos delitos en su contra.
De acuerdo con la denuncia penal interpuesta formalmente el pasado 10 de abril, los hechos se desencadenaron cuando el afectado acudió a la sede de la FGR para dar seguimiento a un expediente previo. Como es protocolo, en la recepción se le solicitó su credencial para votar (INE) para permitirle el acceso.
Sin embargo, al concluir su trámite, la respuesta del personal fue tan desconcertante como indignante: su identificación simplemente había desaparecido.
El abogado Guillermo González sostiene que, tras solicitar la devolución de su documento, los servidores públicos de la oficina de partes le informaron que «no contaban con ella», desconociendo totalmente su paradero.
Esta situación ha sido calificada en la querella como una «retención indebida y extravío de documento oficial», señalando directamente a la Supervisora del Ministerio Público Federal como autoridad responsable.
Pero el «extravío» de la INE parece ser solo la punta del iceberg. En el documento legal se detallan una serie de irregularidades que, según el afectado, son «prácticas sistemáticas» dentro de la delegación:
A) Identidades ocultas: Se reporta que el personal de la Fiscalía labora sin gafetes institucionales visibles, lo que deja a los ciudadanos en un estado de indefensión al no poder identificar a quién los atiende o quién comete las faltas.
B) Restricciones de «zona oscura»: La denuncia señala la prohibición arbitraria del uso de teléfonos celulares para los usuarios, mientras que, presuntamente, el personal de la institución los utiliza libremente para fines personales, violando el principio de igualdad.
C) Bloqueo jerárquico: El ciudadano acusa una «negativa sistemática» para entablar comunicación con los mandos superiores cuando se presentan irregularidades.
Bajo la premisa de que «nadie está por encima de la ley», el afectado ha solicitado formalmente que se aseguren las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para demostrar el momento exacto en que entregó su identificación.
Asimismo, ha pedido la intervención de la Contraloría Interna de la FGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigiendo que se identifique al servidor público responsable y se localice de manera inmediata su documento de identidad.
Este caso pone bajo la lupa el actuar de los servidores públicos en Guerrero, cuestionando si las instituciones encargadas de impartir justicia están cumpliendo con los estándares mínimos de legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos que la Constitución les exige.
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