La propuesta de Morena buscaba que los 84 municipios y Ayutla informaran sobre calles, escuelas, parques y plazas con nombres de personajes públicos, para identificar posibles homenajes a represores y establecer criterios de memoria histórica; fue rechazada como de urgente y de obvia resolución con 7 votos contra 4
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Hilda Perales
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 26 agosto de 2026.— Con siete votos en contra y cuatro a favor, legisladores del PRI, PAN, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano rechazaron la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada de Morena, Marisol Bazán Fernández, para realizar un diagnóstico estatal sobre la nomenclatura de calles y espacios públicos de Guerrero.
La propuesta pretendía exhortar a los 84 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que remitieran al Congreso local información sobre sus calles, avenidas, colonias, plazas, parques y demás espacios públicos que lleven el nombre de personas físicas o personajes públicos.
Además, los gobiernos municipales tendrían que informar sobre el origen de cada denominación, la autoridad que la aprobó, el fundamento jurídico utilizado y los reglamentos vigentes para asignar, modificar o sustituir nombres.
Bazán Fernández, explicó en su propuesta que el primer objetivo era conocer la dimensión del problema antes de plantear cualquier modificación a la nomenclatura.
El exhorto establecía que los ayuntamientos tendrían un plazo máximo de 30 días hábiles para entregar la información, con la finalidad de construir un diagnóstico estatal y determinar posteriormente si era necesario modificar la legislación, establecer criterios comunes o crear mecanismos para revisar determinadas denominaciones.
La legisladora argumentó que nombrar una calle, plaza, escuela o cualquier espacio público no es un acto meramente administrativo, sino una decisión que influye en la memoria colectiva.
“Nombrar un espacio público es un acto de naturaleza política”, sostiene el documento, al señalar que el Estado decide qué personajes permanecerán como referentes históricos para las siguientes generaciones.
En ese sentido, cuestionó que durante décadas se hayan utilizado espacios públicos para perpetuar los nombres de exgobernadores, presidentes municipales, funcionarios y otros personajes vinculados con el poder político, sin que actualmente exista un diagnóstico estatal que permita conocer quiénes son reconocidos, cuándo fueron asignados sus nombres y bajo qué criterios.
Uno de los temas centrales de la propuesta fue el contexto de violencia política, represión y violaciones graves a los derechos humanos que sufrió Guerrero durante la Guerra Sucia.
Existen familias que continúan reclamando verdad, justicia, reconocimiento y reparación por la desaparición y asesinato de sus familiares por el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa.
En ese contexto, incorporó a su propuesta la Recomendación por Violaciones Graves 98VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), particularmente el punto recomendatorio QUINTO, relacionado con la revisión de la nomenclatura de calles, monumentos, escuelas y otros espacios públicos que hagan referencia a personas señaladas como perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos.
La intención, era que el Congreso contara con información oficial para discutir posteriormente qué principios deberían regir la memoria pública en Guerrero.
El rechazo legislativo se registra después de que familiares de víctimas de la Guerra Sucia y organizaciones sociales expresaran públicamente su respaldo a la propuesta de Bazán Fernández.
Entre ellos se encuentran Norma Mesino, Mercedes Cabañas y Lenin Fernández, quienes exigieron retirar de calles, escuelas, parques y otros espacios públicos los nombres de personajes a quienes responsabilizan de actos de represión, desapariciones y violaciones a los derechos humanos.
Los integrantes del movimiento social plantearon que, en lugar de los nombres de represores, se reconozca a víctimas, luchadores sociales, mujeres y otros personajes que hayan contribuido a la transformación de Guerrero.
Durante una conferencia de prensa, recordaron episodios como la Guerra Sucia, las desapariciones de luchadores sociales y masacres ocurridas en Guerrero, entre ellas la de Aguas Blancas y El Charco.
También señalaron que mantener los nombres de personajes señalados como responsables de esos hechos representa una afectación a la memoria de las víctimas y sus familias.
Los representantes sociales señalaron como antecedente el retiro del nombre de Rubén Figueroa Figueroa de un parque ubicado en Chilpancingo, cuyo nombre fue sustituido por el de Morelos.
El caso es relevante porque Figueroa Figueroa fue gobernador de Guerrero durante el periodo de la Guerra Sucia y su administración ha sido señalada por organizaciones sociales y familiares de víctimas por hechos de represión.
Los activistas también cuestionaron que otros personajes relacionados con episodios represivos continúen siendo reconocidos en espacios públicos.
La iniciativa planteaba que la discusión no debía limitarse a cambiar nombres, sino establecer reglas para evitar que el espacio público sea utilizado como mecanismo de promoción personal o reconocimiento político.
Bazán Fernández consideró que, debería existir una razón pública para que una persona sea incorporada a la nomenclatura oficial y que los procedimientos para otorgar esos reconocimientos sean transparentes.
También propuso analizar, en una eventual reforma posterior, la pertinencia de establecer restricciones para evitar que personas que se encuentren en ejercicio de un cargo público sean homenajeadas mediante la imposición de sus nombres a calles, escuelas, parques u otros espacios.
Con el resultado de 7 votos en contra y 4 a favor, la Comisión Permanente rechazó el exhorto y, por el momento, no habrá un diagnóstico estatal elaborado mediante esta vía legislativa.
Para los familiares y organizaciones sociales que respaldaron la iniciativa, la discusión no termina con el rechazo del punto de acuerdo, pues sostienen que continuarán exigiendo verdad, justicia y reconocimiento para las víctimas de la represión.
El planteamiento de fondo es determinar quiénes merecen permanecer en la memoria pública de Guerrero y bajo qué criterios, particularmente en un estado marcado por décadas de conflictos sociales, desapariciones, persecución política y violencia de Estado.
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