Con más de 14 años de antigüedad en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Iliany Mojica Reynoso denunció hostigamiento laboral, violación a la privacidad de sus datos médicos y despido injustificado
Señala presuntas irregularidades en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Organizaciones feministas respaldaron su caso y exigieron justicia
Texto: Juan Aponte / Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Guerrero, 08 de junio de 2026.- La ex trabajadora de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Guerrero, Iliany Mojica Reynoso, denunció públicamente haber sido víctima de violencia laboral en razón de género, hostigamiento, violación a la privacidad de sus datos médicos, despido injustificado y presuntas irregularidades institucionales para obstaculizar el acceso a la justicia.
En conferencia de prensa, acompañada por integrantes de organizaciones feministas, Mojica Reynoso relató que la problemática comenzó el pasado 12 de marzo, cuando se ausentó de su centro de trabajo para realizarse estudios clínicos, con autorización de su jefa inmediata, la directora general de Transparencia, Liliana Contreras Soto.
Sin embargo, señaló que posteriormente el subsecretario de Modernización Administrativa, Carlos Atila Espinoza Damián; el delegado administrativo, David Cárdenas López; y el representante sindical, Juan Octavio Bahena Torres, le exigieron presentar los resultados de estudios ginecológicos para justificar su ausencia.
La ex servidora pública explicó que se negó a entregar dicha información al considerar que se trataba de datos personales sensibles protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Tras su negativa, aseguró, le fue levantada un acta administrativa pese a contar con autorización para ausentarse.
Posteriormente, el 15 de mayo, recibió un oficio firmado por el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Francisco González Sánchez, mediante el cual se daba por terminada la relación laboral bajo el argumento de abandono de empleo.
No obstante, Mojica Reynoso sostuvo que todas las ausencias señaladas estaban plenamente justificadas mediante oficios de comisión y permisos debidamente firmados por sus superiores, por lo que calificó la decisión como un despido injustificado.
Durante su intervención, también denunció una presunta red de protección institucional en favor de los funcionarios señalados. Afirmó que el pasado 13 de abril el subsecretario Carlos Atila Espinoza Damián sostuvo una reunión de aproximadamente 45 minutos con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, encuentro que —aseguró— fue gestionado por el secretario José Francisco González Sánchez.
Según su versión, después de esa reunión la CEDH detuvo los trámites relacionados con su caso y dejó de emitir acciones o recomendaciones, situación que consideró una muestra de interferencia en el proceso.
Asimismo, denunció presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación 12022230300071180326 radicada en la Fiscalía General del Estado. Señaló que un dictamen psicológico pericial que acreditaba afectaciones emocionales derivadas de la violencia denunciada fue sustituido por otro documento distinto que concluye que no existe daño psicoemocional.
Por estos hechos, informó que solicitó al Juez de Control investigar la actuación de las agentes del Ministerio Público Veda Evelin Ramos García y Alison Ramírez Mayo. La audiencia correspondiente está programada para este martes 9 de junio.
La denunciante también criticó que la Secretaría de Contraloría, institución encargada de vigilar el correcto actuar de las dependencias gubernamentales, esté integrada únicamente por hombres y que dentro de la propia dependencia se reproduzcan prácticas de violencia contra las mujeres.
Además, cuestionó la falta de intervención de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y afirmó que la política de “Cero Tolerancia” a la violencia contra las mujeres promovida por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda no se refleja en los hechos dentro de las instituciones públicas.
Mojica Reynoso informó que presentó una queja ante el Órgano Interno de Control, una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por violencia de género y violación a la privacidad de datos relacionados con su salud.
Asimismo, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para revisar las carpetas de investigación relacionadas con funcionarios de primer nivel y garantizar que las denuncias sean atendidas con imparcialidad, especialmente en un estado que mantiene activas dos Alertas de Violencia de Género.
Visiblemente afectada, la ex trabajadora expresó temor por su integridad física y responsabilizó directamente a José Francisco González Sánchez, Carlos Atila Espinoza Damián y David Cárdenas López de cualquier situación que pudiera ocurrirle.
“Temo por mi vida, tengo miedo de desaparecer y convertirme en una estadística más”, manifestó.
Por su parte, Wendy Alanís, presidenta del colectivo feminista Alas Moradas, respaldó públicamente a Iliany Mojica Reynoso y exigió a las autoridades estatales restituirla en su empleo, investigar a los funcionarios señalados y garantizar justicia.
“Un Estado que no protege a las mujeres y permite violencia laboral dentro de sus propias instituciones no puede llamarse santuario para las mujeres”, declaró la activista.
Finalmente, organizaciones feministas anunciaron que darán seguimiento al caso y exigieron a las autoridades estatales garantizar condiciones laborales libres de violencia para las mujeres que trabajan dentro de la administración pública.
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