El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que el juez desestimó pruebas de la defensa, ignoró el contexto de riesgo del dirigente del CIPOG-EZ y actuó bajo presión de otras autoridades para vincularlo a proceso
Texto: Eduardo Yener Santos
Fotografía: Tlachinollan
Chilpancingo, Gro., 24 de julio de 2026.— El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó que el juez de Control, Ubaldo de la Sancha, actuó “por consigna” al vincular a proceso al dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, al considerar que desestimó las pruebas presentadas por la defensa y cedió a presiones de otras autoridades.
Durante una conferencia de prensa virtual transmitida en la página oficial de Tlachinollan, Barrera Hernández sostuvo que el juzgador “hizo a un lado” los elementos aportados por la defensa y resolvió la vinculación a proceso sin valorar adecuadamente las pruebas.
“El juez actuó por consigna. Tuvo presión de otras autoridades para poder declarar formal prisión a Jesús Plácido Galindo”, afirmó.
El defensor de derechos humanos señaló que la actuación del juez forma parte de una estrategia del Estado para criminalizar al dirigente indígena, a quien se le atribuyen presuntos vínculos con la delincuencia organizada y diversos delitos, sin que existan pruebas suficientes que sustenten esas acusaciones.
Barrera Hernández afirmó que, tras las denuncias públicas realizadas por Jesús Plácido sobre la violencia ocurrida entre el 6 y el 11 de mayo en las comunidades de Tula, Chicotlán, Alcozacán y Acahuetlán, municipio de Chilapa, donde se registraron desplazamientos forzados, homicidios y desapariciones, se generó un fuerte malestar entre autoridades estatales.
Recordó que dichas denuncias motivaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyera a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudir a Guerrero para atender la situación, momento en el que, dijo, Plácido Galindo evidenció presuntas omisiones del gobierno estatal en la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
“Jesús Plácido denunció la colusión de autoridades municipales con el grupo delictivo de Los Ardillos, lo que generó malestar en las autoridades”, sostuvo Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan reprochó que, hasta la fecha, las autoridades no hayan investigado los desplazamientos forzados ni los homicidios denunciados en las comunidades indígenas de Chilapa y, en cambio, concentraran sus esfuerzos en procesar penalmente al dirigente del CIPOG-EZ.
“Lo que sí vimos es que se fueron encima de Jesús Plácido, lo colocaron en una situación de riesgo por la campaña que hay en su contra al señalarlo de formar parte de Los Tlacos. Claramente se le acusa de delitos sin tener pruebas; es falsa la versión de que se trata de una persona de alta peligrosidad”, expresó.
Añadió que la presunta intención de criminalizarlo también quedó evidenciada cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias, pese a que, aseguró, en una de ellas mantenía únicamente 280 pesos y en otra no tenía recursos.
“Hay una campaña de desprestigio al decir que Jesús Plácido se mueve en el plano de la ilegalidad; dentro de la Fiscalía se fraguó un expediente y una denuncia al vapor”, afirmó.
Barrera Hernández también cuestionó la solidez de la carpeta de investigación por homicidio iniciada contra el dirigente indígena, al señalar que uno de los testigos que supuestamente lo señala, identificado como Marcos Campos, falleció desde 2022.
“Resulta insostenible que la Fiscalía presente como testigo de cargo a una persona que fue asesinada hace varios años”, indicó.
Asimismo, lamentó que el juez no considerara la calidad de Jesús Plácido como defensor de derechos humanos y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, condición que implicaba un monitoreo permanente por parte de las autoridades federales.
“Lo que observamos es un actuar parcial y faccioso del juez de Control; no muestra independencia, profesionalismo ni una visión del contexto en el que ocurrieron los hechos”, sostuvo.
Por su parte, el abogado defensor Aarón Díaz Salazar aseguró que la firma que aparece en el expediente de la Fiscalía General del Estado atribuida al presunto testigo fallecido corresponde, aparentemente, a una elaboración reciente y no coincide con la contenida en su credencial para votar.
Finalmente, informó que será el próximo martes cuando la defensa de Jesús Plácido Galindo presente el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso.
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