La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero concluyó que un funcionario municipal promovió una campaña para intentar censurar a una periodista mediante reportes masivos en redes sociales
El organismo emitió una recomendación al Ayuntamiento y advirtió que, si no es aceptada o cumplida, las autoridades podrían ser llamadas a comparecer ante el Congreso del Estado
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 30 de junio de 2026.– La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) emitió la Recomendación 015/2026 en contra del Ayuntamiento de Iguala, al acreditar violaciones a los derechos humanos de la periodista Flor Miranda Mayo, quien denunció haber sido víctima de actos de hostigamiento y violencia digital relacionados con el ejercicio de su labor informativa.
Aunque la queja fue presentada inicialmente contra el presidente municipal, Erik Catalán Rendón, la investigación del organismo concluyó que la responsabilidad directa recae en el oficial mayor del Ayuntamiento, Jesús Alberto Santana Velázquez, por realizar acciones que vulneraron la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho de la comunicadora a ejercer el periodismo libre de violencia.
De acuerdo con la resolución, la CDHEG documentó que, tras la publicación de información crítica sobre la administración municipal, el funcionario utilizó grupos de WhatsApp integrados por trabajadores del Ayuntamiento para solicitar que reportaran masivamente la página de Facebook de la Agencia Periodística de Investigación (API), con el propósito de provocar su bloqueo o eliminación de la plataforma.
Ante esos hechos, Flor Miranda Mayo realizó una transmisión en vivo en la que responsabilizó públicamente a las autoridades municipales de cualquier agresión o afectación que pudiera sufrir ella o el medio de comunicación, al considerar que existía una estrategia de intimidación para inhibir su trabajo periodístico.
Tras analizar las pruebas, la Comisión determinó que las acciones constituyeron violaciones a los derechos humanos de la periodista, particularmente a la libertad de expresión, al principio de legalidad y al derecho de las mujeres periodistas a una vida libre de violencia, al acreditarse violencia digital por razones de género.
Como parte de la Recomendación 015/2026, la CDHEG ordenó al Ayuntamiento de Iguala iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas contra el oficial mayor, implementar programas de capacitación obligatoria para servidores públicos en materia de derechos humanos, perspectiva de género y libertad de expresión, además de designar un enlace institucional para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas.
El organismo defensor de los derechos humanos otorgó al Ayuntamiento un plazo de 15 días naturales para aceptar la recomendación. En caso de hacerlo, contará con 15 días hábiles adicionales para acreditar el cumplimiento de las acciones ordenadas.
La Comisión advirtió que, si la administración municipal rechaza la recomendación o incumple con las medidas establecidas, hará pública la negativa y podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de las autoridades involucradas para que expliquen las razones por las que desacataron una resolución emitida por el órgano garante de los derechos humanos.
La resolución representa uno de los precedentes más relevantes en Guerrero en materia de libertad de expresión y protección a periodistas, al reconocer que las campañas coordinadas para intentar desaparecer un medio de comunicación de las redes sociales constituyen una forma de censura y violencia digital que vulnera no sólo el derecho de quien ejerce el periodismo, sino también el derecho de la sociedad a estar informada.
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