Autoridades comunitarias del ejido Buenavista exigieron el cese de la persecución contra Jesús Plácido Galindo, responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión en su contra y advirtieron sobre el riesgo que enfrentan los defensores indígenas en un contexto de violencia y desplazamiento forzado en Guerrero
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 6 de julio de 2026.– Comunidades y autoridades comunitarias del ejido Buenavista expresaron su respaldo al promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, tras denunciar que enfrenta un proceso de criminalización luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Mediante un pronunciamiento difundido este lunes 6 de julio, las autoridades comunitarias señalaron que las acciones emprendidas contra el también integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) buscan desacreditar su labor como defensor de los pueblos indígenas y del territorio.
En el documento rechazaron cualquier intento de desprestigiarlo y aseguraron que las cuentas bloqueadas carecían de recursos significativos. Indicaron que la cuenta de BBVA registraba únicamente un saldo de 280 pesos, mientras que la de Banco Azteca se encontraba sin fondos, por lo que consideraron que la medida no corresponde a una investigación financiera de gran escala, sino a una estrategia de persecución.
Las comunidades sostuvieron que existe una estrategia para justificar la criminalización del activista e incluso posibles agresiones en su contra, por lo que advirtieron que su integridad física podría verse comprometida.
Recordaron que Jesús Plácido Galindo ha acompañado durante años las demandas de comunidades indígenas en materia de salud, educación, infraestructura carretera, agua potable y defensa del territorio, además de participar en la búsqueda de una solución al conflicto agrario que, según señalaron, se prolongó durante 97 años.
«Estas acciones representan un intento de criminalización de un defensor que ha dedicado su vida entera al servicio de nuestros pueblos», señalaron las autoridades comunitarias, quienes exigieron el cese inmediato de cualquier forma de persecución y respeto a su labor como defensor de derechos humanos.
En el pronunciamiento también lanzaron una advertencia: «Si tocan al compañero Jesús, nos tocan a todas y todos. No permitiremos que se atente contra su vida ni que se le fabriquen cargos o se le criminalice injustamente».
El posicionamiento se da dos días después de que el CIPOG-EZ informara públicamente que el pasado 26 de junio la UIF notificó a Plácido Galindo la suspensión de todas sus cuentas bancarias y su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
En aquella denuncia, la organización sostuvo que la medida fue aplicada semanas después de hacer públicas las agresiones atribuidas al grupo criminal Los Ardillos contra comunidades indígenas de la Montaña Baja, hechos que, de acuerdo con el CIPOG-EZ, dejaron un saldo de ocho integrantes asesinados, 25 personas desaparecidas y alrededor de 2 mil 200 habitantes desplazados de manera forzada.
A este contexto se suma el reciente pronunciamiento emitido por organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas, que alertaron sobre el riesgo de nuevos desplazamientos forzados en comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán debido al incremento de la violencia, los enfrentamientos armados, bloqueos de caminos y restricciones a la movilidad, lo que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad que enfrenta diversas regiones de Guerrero.
Asimismo, el CIPOG-EZ recordó que Jesús Plácido Galindo es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a las amenazas que ha recibido por su trabajo de acompañamiento a comunidades indígenas.
Finalmente, las autoridades comunitarias del ejido Buenavista responsabilizaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier acto de hostigamiento, criminalización o agresión que pudiera sufrir el defensor indígena, al tiempo que reiteraron su exigencia de detener la persecución en su contra y garantizar justicia y protección para los pueblos originarios de Guerrero.
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