La SCJN atrajo recursos promovidos originalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra la resolución de 2018 que ordenó crear la Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala
Organizaciones y representantes de las familias consideran que la decisión prolonga la incertidumbre y pone en riesgo la firmeza de una sentencia histórica
Texto: Rangel Ventura
Fotografía: Jesús de la Cruz / Archivo
Chilpancingo, Guerrero, 7 de julio de 2026.– A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer cuatro recursos extraordinarios que buscan revisar la sentencia emitida en 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, la cual ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala.
La determinación se produjo luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitara al máximo tribunal ejercer su facultad de atracción para analizar las revisiones promovidas originalmente por autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes impugnaron aquella resolución al argumentar que diversas dependencias federales no fueron llamadas al juicio.
La sentencia de 2018 es considerada uno de los precedentes judiciales más importantes del caso Ayotzinapa, ya que concluyó que la investigación que sustentó la llamada “verdad histórica” estuvo marcada por graves violaciones a derechos humanos, incluyendo actos de tortura, además de omisiones en líneas de investigación relacionadas con la presunta participación de integrantes del Ejército y otras autoridades.
Como consecuencia de ese fallo, se ordenó la creación de un mecanismo extraordinario de investigación con participación de la entonces Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los familiares de los estudiantes desaparecidos, con el propósito de garantizar una investigación independiente y efectiva.
Aunque las impugnaciones fueron presentadas desde 2018, permanecieron sin resolverse durante varios años y comenzaron a ser admitidas hasta octubre de 2025. Posteriormente, en 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia pidió a la SCJN atraer los asuntos al sostener que existían obstáculos jurídicos y materiales para cumplir la sentencia y constituir dicha comisión.
Durante la sesión del Pleno, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar en el análisis debido a que anteriormente encabezó la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, área vinculada con la investigación del caso. Posteriormente, el resto de las ministras y ministros aprobaron por unanimidad ejercer la facultad de atracción.
Representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas señalaron que esta decisión no acerca el caso a la verdad ni a la justicia; por el contrario, advirtieron que prolonga la incertidumbre sobre una resolución considerada definitiva y abre un debate sobre el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica, al permitir revisar una sentencia firme ocho años después de haber sido emitida.
Las organizaciones también sostuvieron que, mientras continúa la discusión judicial, persisten obstáculos para el esclarecimiento del caso, entre ellos la falta de acceso a información de inteligencia en poder de las Fuerzas Armadas y las extradiciones pendientes de exfuncionarios relacionados con la investigación.
La resolución de la Suprema Corte no modifica por ahora el fondo del caso Ayotzinapa, pero abre un nuevo capítulo jurídico que podría influir en el alcance de una de las sentencias más relevantes emitidas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
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