Congreso de Guerrero descarta adelantar juicio contra auditor tras fallo de la SCJN sobre recursos federales

Los diputados de la Jucopo y de la Mesa Directiva señalaron que esperarán la notificación oficial de la Suprema Corte antes de analizar posibles implicaciones del caso

Informaron además que la ASE ya cuenta con un nuevo convenio con la Auditoría Superior de la Federación que amplía sus facultades para coadyuvar en la fiscalización de recursos federales

Texto: Fernando Foster

Fotografía: Jesús de la Cruz

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 8 de julio de 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero descartó emitir un pronunciamiento anticipado sobre la actuación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que el órgano estatal carecía de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco.

En conferencia de prensa, tras la reunión privada con el auditor, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, afirmó que el Poder Legislativo esperará la notificación oficial de la sentencia para conocer el contenido íntegro de la resolución antes de fijar una postura.

“Nosotros no podemos adelantarnos a juicios. Al Congreso aún no ha llegado la notificación oficial; conocemos la resolución por la información pública, pero debemos analizar tanto los resolutivos como las consideraciones jurídicas de la Corte”, expresó.

La conferencia se realizó con la participación del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza, y de la diputada Erika Lürhs Cortés, luego del encuentro con el titular de la ASE.

Los legisladores señalaron que la resolución de la SCJN no sólo tendrá repercusiones para Guerrero, sino que establecerá un precedente para las auditorías superiores de las entidades federativas respecto a la fiscalización de recursos federales ejercidos por municipios.

Respecto a la intención anunciada por el Ayuntamiento de Acapulco de emprender acciones legales contra el auditor e incluso solicitar su remoción por presuntamente haberse extralimitado en sus funciones, Badillo Escamilla sostuvo que el Congreso no puede pronunciarse sobre escenarios que aún no han sido planteados formalmente.

“Si el Ayuntamiento decide presentar alguna acción, será su derecho hacerlo, pero nosotros no podemos especular ni emitir opiniones sobre asuntos que no han llegado al Congreso”, indicó.

Por su parte, Alejandro Carabias Icaza consideró que el caso representa un hecho inédito, al tratarse de la primera controversia constitucional promovida por un ente fiscalizable en esta materia, por lo que pidió no politizar el tema.

“Queremos pensar que la Auditoría actuó de buena fe, conforme a las atribuciones que históricamente había venido ejerciendo y no con dolo. Ahora corresponderá al auditor explicar los fundamentos técnicos de su actuación una vez que reciba la sentencia”, señaló.

Durante la reunión con el titular de la ASE también se abordó el convenio recientemente firmado entre la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante el cual se establecen nuevos mecanismos de coordinación para la fiscalización de recursos federales.

Badillo Escamilla explicó que, dicho convenio fortalece las atribuciones de la ASE para coadyuvar con la ASF en futuras auditorías, superando las limitaciones que, de acuerdo con la resolución de la SCJN, existían en el convenio anterior.

El legislador subrayó que este nuevo esquema será fundamental, ya que alrededor del 97 por ciento de los recursos que reciben los municipios de Guerrero son de origen federal, por lo que el Congreso analizará a profundidad los alcances del fallo y del nuevo convenio para garantizar la rendición de cuentas sin contravenir las competencias establecidas por la Constitución.

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