La iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado para modificar el calendario cívico generó coincidencias parciales y fuertes contrastes: mientras diputados de Morena buscan eliminar homenajes a Rubén Figueroa y reivindicar a líderes sociales, el PRI rechaza los cambios y advierte un uso ideológico de la historia
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 15 de abril de 2026.- La iniciativa de decreto enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso de Guerrero para reformar el artículo 30 de la Ley número 761 sobre símbolos de identidad y pertenencia, en materia de calendario cívico, abrió un debate marcado por diferencias de enfoque entre legisladores de Morena y la fracción del PRI. Los priistas, abandonaron la sesión durante unos minutos, en señal de protesta, haciendo “vacío” a sus homólogos morenistas que presentaban la iniciativa.
Aunque las propuestas de diputadas y diputados de Morena coinciden en eliminar del calendario cívico el homenaje al exgobernador priista Rubén Figueroa Figueroa, difieren en la justificación y el alcance de los cambios.
La diputada Diana Bernabé Vega plantea una postura centrada en la reivindicación social y simbólica. Su iniciativa no solo propone retirar la conmemoración del 9 de noviembre, sino también incorporar los natalicios de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, a quienes define como figuras de resistencia y representantes del pueblo. Su enfoque apela a una “limpieza de la memoria institucional” y a la construcción de justicia histórica desde una narrativa social.
En tanto, el diputado Pablo Sandoval Amílcar coincide en eliminar el homenaje a Figueroa e incluir a Cabañas y Vázquez en el calendario, pero sustenta su propuesta en un análisis político e histórico más amplio. Vincula a estos líderes con los movimientos sociales que impulsaron la democratización del país y el fin del modelo neoliberal, planteando que su reconocimiento forma parte de una reinterpretación de la historia desde los procesos de transformación nacional.
Por su parte, la diputada Araceli Ocampo Manzanares introduce un enfoque distinto, basado en derechos humanos. Su propuesta enfatiza el derecho a la memoria y la obligación del Estado de reparar simbólicamente a las víctimas de la “guerra sucia”. Más allá del calendario cívico, plantea modificar símbolos y nomenclaturas públicas para evitar homenajes a responsables de violaciones graves, alineando la iniciativa con estándares internacionales y criterios de justicia transicional.
En contraste, la fracción parlamentaria del PRI, encabezada por Alejandro Bravo Abarca, rechaza de manera frontal las propuestas. El grupo parlamentario advierte que eliminar conmemoraciones de figuras como Rubén Figueroa representa un intento de “borrar la historia” y califica las iniciativas como un acto ideológico, revanchista y distractor frente a los problemas actuales del estado, como la inseguridad, la pobreza y la crisis en servicios públicos.
El PRI sostiene que la historia debe preservarse con sus claroscuros y defiende el legado de exgobernadores, argumentando que eliminar sus conmemoraciones no contribuye al desarrollo del estado. Además, adelantó su voto en contra y no descartó recurrir a instancias legales para impugnar posibles cambios.
De esta manera, el debate no solo gira en torno a la modificación de fechas conmemorativas, sino a dos visiones opuestas: una que busca resignificar la memoria histórica desde la justicia social y los derechos humanos, y otra que defiende la permanencia de los referentes tradicionales bajo el argumento de preservar la historia sin alteraciones.
Cabe señalar que, familiares de víctimas de la Guerra Sucia, se han pronunciado por eliminar del calendario cívico al exgobernador priista, responsable de las desapariciones de luchadores sociales y familiares durante esa época.
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