El gobierno municipal encabezado por el alcalde Misael Lorenzo Castillo adjudicó un contrato por más de 1.2 millones de pesos para la rehabilitación de un camino rural, pero documentos filtrados a Noticias Reporte Guerrero revelan inconsistencias graves, omisiones y posibles maniobras para evitar una licitación pública
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Chilpancingo, Gro., 22 de mayo de 2026. — Un contrato de obra pública firmado por el Ayuntamiento de San Marcos para la rehabilitación de un camino rural entre dos localidades del municipio encendió alertas por presuntas irregularidades administrativas y posibles indicios de simulación en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con documentos filtrados a esta agencia de Noticias Reporte Guerrero, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Misael Lorenzo Castillo adjudicó de manera directa una obra con valor total de 1 millón 262 mil 215 pesos a un contratista individual. El proyecto debía ejecutarse en apenas 22 días.
Sin embargo, el expediente contractual presenta inconsistencias que especialistas en transparencia y obra pública consideran señales típicas de procesos realizados con opacidad y sin controles mínimos de legalidad.
Uno de los primeros elementos que llama la atención es la contradicción en las fechas oficiales de ejecución.
Mientras una cláusula establece que la obra iniciaría el 13 de enero y concluiría el 3 de febrero, otra señala como periodo de ejecución del 10 al 31 de enero.
La discrepancia no es menor. En contratos de obra pública, las fechas son fundamentales para supervisar avances, pagos, entrega de materiales y posibles penalizaciones.
La existencia de dos calendarios distintos dentro del mismo documento revela una elaboración deficiente y abre dudas sobre la verdadera temporalidad de la obra.
Otro punto considerado inusual es que el contratista renunció expresamente al anticipo económico.
En la práctica administrativa, los gobiernos suelen otorgar adelantos para la compra de materiales y arranque de trabajos. La negativa del proveedor a recibir recursos iniciales resulta atípica en contratos de esta magnitud.
Fuentes consultadas por esta agencia señalan que este tipo de esquemas suelen aparecer en municipios donde existen sospechas de pagos paralelos, acuerdos previos o simulaciones administrativas destinadas a dificultar la fiscalización.
El monto del contrato también genera sospechas.
El documento establece un costo que queda apenas por debajo del límite permitido para evitar una licitación pública abierta.
Según la revisión hecha por esta agencia, el contrato se ubicó aproximadamente 43 mil pesos debajo del tope legal que habría obligado al Ayuntamiento a convocar un concurso público donde otras empresas pudieran competir.
Especialistas en combate a la corrupción consideran que esta práctica es una de las formas más comunes de direccionar contratos previamente pactados.
Aunque el contrato menciona la existencia de fianzas para garantizar el cumplimiento de la obra, el documento no especifica montos, pólizas ni datos verificables de las aseguradoras.
En términos legales, esto vuelve prácticamente inútil cualquier garantía.
Si la obra presenta fallas, retrasos o incumplimientos, el municipio carecería de mecanismos claros para reclamar daños o ejecutar sanciones económicas.
El contrato además contiene una disposición que permite modificar precios si aumentan los costos de materiales.
Aunque este tipo de cláusulas es legal y común en obra pública, el documento no establece fórmulas, porcentajes ni mecanismos técnicos para calcular dichos incrementos.
En cambio, deja el ajuste sujeto al criterio de la autoridad municipal, lo que expertos consideran una “puerta abierta” para elevar costos posteriormente sin controles claros.
La filtración también revela errores elementales que exhiben descuido en la integración del expediente.
El nombre del contratista aparece escrito como “JAMIE” en una parte del documento, pese a que su nombre real sería “JAIME”. Además, el RFC del municipio presenta inconsistencias y existen párrafos repetidos y fragmentos mal redactados.
Para especialistas consultados, este tipo de errores son comunes en contratos elaborados con rapidez cuando el procedimiento ya estaría previamente definido.
Hasta ahora, no existe evidencia concluyente de un sobrecosto, debido a que el expediente filtrado no incluye el catálogo de conceptos ni los precios unitarios de materiales y trabajos.
No obstante, las inconsistencias detectadas —precio ajustado para evitar licitación, fechas contradictorias, garantías incompletas, cláusulas ambiguas y errores de redacción— configuran un patrón que apunta a posibles irregularidades administrativas.
Expertos en transparencia consultados por esta agencia recomendaron solicitar al Ayuntamiento tres documentos fundamentales:
El catálogo de conceptos y precios unitarios.
El acta de entrega-recepción de la obra.
Las pólizas completas de las fianzas.
La negativa a entregar dichos documentos, respuestas evasivas o información incompleta podrían constituir nuevas señales de opacidad en el manejo del recurso público.
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