La rápida movilización para localizar a un alcalde contrasta con la falta de atención a más de 100 mil desaparecidos. Colectivos denuncian omisión institucional y cuestionan prioridades del gobierno, en un contexto de advertencias internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 14 de abril de 2026.-Un reciente pronunciamiento del colectivo Guerrero No+ Desaparecidos puso en el centro del debate público la desigualdad en la respuesta del Estado mexicano frente a los casos de desaparición, a partir de los hechos ocurridos en Taxco, Guerrero.
El secuestro del alcalde Juan Andrés Vega Carranza y de su padre detonó una reacción inmediata de autoridades federales y estatales, con despliegues de inteligencia, operativos coordinados e incluso recursos aéreos. La rapidez con la que se activaron los mecanismos de búsqueda evidenció, según el colectivo, que el Estado sí cuenta con capacidad operativa suficiente cuando existe voluntad política.
Sin embargo, esta eficiencia contrasta con la situación de más de cien mil personas desaparecidas en el país, cuyos familiares en su mayoría madres buscadoras realizan labores de localización por cuenta propia, frecuentemente sin acompañamiento institucional y en condiciones de riesgo.
El colectivo denunció que esta diferencia en la actuación oficial no es un hecho aislado, sino una muestra de una problemática estructural: la selectividad en la atención de los casos según el perfil de la víctima.
En este contexto, recordaron el reciente señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advirtió sobre indicios de que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al tratarse de hechos potencialmente generalizados o sistemáticos contra la población civil. La organización criticó que la respuesta del gobierno mexicano haya sido descalificar el informe, en lugar de asumirlo como una oportunidad para atender la crisis.
Para los colectivos, lo ocurrido en Taxco confirma una denuncia sostenida durante años: el Estado tiene recursos, inteligencia y capacidad de reacción, pero no los aplica con la misma urgencia cuando las víctimas son ciudadanos sin cargo público.
Además, acusaron falta de coordinación institucional en la atención a las familias buscadoras. Señalaron que reuniones previamente acordadas con autoridades han sido canceladas en al menos tres ocasiones, la última de ellas notificada apenas un día antes, lo que refleja desorganización y desinterés por atender sus demandas. «Fue una pasarela interinstitucional, pero con nosotros no logran coordinarse ni siquiera para definir una fecha de reunión”, reclamaron.
El posicionamiento concluye con una exigencia contundente: un cambio en las prioridades del gobierno y el fin de lo que consideran una política de omisión frente a una crisis humanitaria que continúa en aumento.
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