El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, sostuvo que el proceso contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso de los 43 normalistas no debe quedarse en un solo funcionario y demandó que las investigaciones alcancen al expresidente Enrique Peña Nieto y a otros actores políticos que pudieran tener responsabilidad
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 13 agosto de 2026.— El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, se pronunció a favor de que el proceso judicial que enfrenta el exgobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa avance hasta determinar la responsabilidad de todos los actores que pudieran estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
Chávez Adame sostuvo que, la investigación no debe limitarse a un solo personaje, pues desde su perspectiva, los hechos ocurridos en Iguala forman parte de una estructura de responsabilidades políticas que debe ser investigada “hasta las últimas consecuencias”.
En ese sentido, señaló directamente al expresidente Enrique Peña Nieto, al considerar que, por tratarse del titular del Ejecutivo federal durante los hechos de septiembre de 2014, también debe ser investigado para determinar si tuvo algún grado de responsabilidad en las decisiones tomadas durante la crisis de Ayotzinapa.
El dirigente social afirmó que el esclarecimiento del caso debe permitir seguir la cadena de mando y determinar quiénes ordenaron o permitieron las acciones que derivaron en la desaparición de los estudiantes.
“Si Aguirre ya está en un proceso penal, yo creo que sería justo el planteamiento integral: llegar hasta la cabeza, que es Enrique Peña Nieto”, sostuvo.
Chávez Adame consideró que, la investigación de Ayotzinapa debe formar parte de un análisis más amplio sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante distintos gobiernos.
Mencionó como antecedentes los casos Aguas Blancas, Atenco y Acteal, además de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Afirmó que estos hechos representan heridas que permanecen abiertas y que requieren investigaciones que permitan establecer responsabilidades, independientemente del nivel político o institucional de los involucrados.
El dirigente de la APPG sostuvo que la justicia no debe detenerse en los funcionarios de menor nivel, sino alcanzar a quienes desde las estructuras de poder pudieron haber tomado decisiones determinantes.
En otro momento, Chávez Adame criticó las condiciones actuales de protección a los derechos humanos en Guerrero y cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar su defensa.
Consideró necesario revisar el papel de organismos como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), al señalar que, desde su perspectiva, existe un “vacío” en materia de defensa y protección de los derechos humanos.
Afirmó que las instituciones deben actuar con independencia y garantizar que cualquier persona que incurra en violaciones a los derechos humanos enfrente las consecuencias legales correspondientes.
El dirigente social relacionó esta problemática con casos recientes de desaparición de personas y citó el caso de Arturo Trinidad Solano, cuyo hermano permanece desaparecido, para advertir que los operativos de seguridad desplegados por autoridades federales y estatales no han impedido que continúen registrándose hechos de violencia.
Chávez Adame insistió en que, el caso Ayotzinapa no debe cerrarse con el procesamiento de Ángel Aguirre Rivero y demandó que las investigaciones determinen si existieron responsabilidades en los distintos niveles de gobierno.
El dirigente de la APPG sostuvo que la exigencia de justicia debe mantenerse como una demanda permanente de las organizaciones sociales y de las familias de las víctimas.
Finalmente, planteó que el movimiento social debe fortalecer sus propias estructuras y mantener independencia frente a los partidos políticos y los procesos electorales, al considerar que la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia no deben estar condicionadas por intereses partidistas.
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