El presidente de la jucopo sostuvo que la investigación contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa no debe interpretarse como un asunto político
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, afirmó que cualquier avance debe contribuir a esclarecer los hechos y advirtió que el proceso aún podría alcanzar a otros actores
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro.,— La detención y proceso judicial contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa debe ser analizada desde el ámbito de la justicia y no como una disputa política, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla.
En conferencia de prensa, el legislador morenista respaldó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado elementos para que Aguirre Rivero enfrente un proceso relacionado con el delito, al considerar que cualquier avance en la investigación representa una oportunidad para acercarse al esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Badillo Escamilla, rechazó que la acción judicial contra el exmandatario guerrerense tenga relación con el proceso interno de Morena para definir a su próxima coordinación estatal y pidió no mezclar ambos asuntos.
“No veo político el asunto”, sostuvo el diputado, al señalar que el caso debe continuar bajo las reglas del debido proceso y que corresponderá exclusivamente a las instituciones impartidoras de justicia determinar responsabilidades.
El presidente de la Jucopo consideró que el caso Ayotzinapa sigue abierto y que la investigación no puede reducirse a la detención de un solo exfuncionario.
Recordó que durante estos años han sido señalados y procesados distintos actores relacionados con los hechos, por lo que anticipó que podrían surgir nuevos testimonios, declaraciones y elementos de investigación.
En ese contexto, sostuvo que la llamada “verdad histórica”, presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como explicación oficial de la desaparición de los estudiantes, ha quedado cuestionada desde hace tiempo.
Badillo Escamilla, calificó aquella versión como un “montaje” y señaló que las nuevas investigaciones han obligado a replantear diversos aspectos de lo ocurrido.
“Sin justicia no puede haber paz”, afirmó el legislador, al insistir en que las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Cuestionado sobre si el proceso contra Aguirre Rivero podría ser determinante para conocer la verdad sobre lo ocurrido en Iguala, Badillo Escamilla respondió que se trata de una parte de una investigación mucho más amplia.
Recordó que otros funcionarios vinculados con los hechos ya han enfrentado procesos judiciales y señaló que las autoridades deberán continuar agotando las líneas de investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado.
Sobre el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera, quien ha sido mencionado en las investigaciones del caso, el diputado sostuvo que cualquier declaración o participación deberá resolverse conforme a los procedimientos establecidos por las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Ante cuestionamientos sobre fotografías y posibles vínculos políticos con Aguirre Rivero, el presidente de la Jucopo reconoció que, como participante en procesos electorales y actividades políticas en Guerrero, pudo coincidir con el entonces gobernador en eventos públicos.
Sin embargo, aseguró que esas imágenes corresponden a encuentros circunstanciales propios de la actividad política y negó que exista una relación que comprometa su posición actual.
Joaquín Badillo sostuvo que, actualmente milita en Morena y que su postura sobre el caso Ayotzinapa responde a su convicción de que deben respetarse las instituciones y el debido proceso.
Finalmente, insistió en que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas debe continuar hasta alcanzar el esclarecimiento de los hechos y establecer responsabilidades, sin importar el nivel político o institucional de las personas involucradas.
Deja una respuesta