El presidente responde con un emplazamiento directo, exige pruebas sobre presuntos vínculos ilícitos y acusa al comunicador de actuar con intereses ajenos al país, intensificando el conflicto entre poder político y medios.
Texto: Rangel Ventura
Fotografía: Especial
Chilpancingo, 05 de mayo de 2026.— En medio de un nuevo episodio de confrontación entre el poder político y el periodismo crítico, el presidente Andrés Manuel López Beltrán difundió una carta pública dirigida al comunicador Carlos Loret de Mola, en la que responde de manera frontal a los señalamientos realizados en su más reciente columna.
En el documento, fechado en la capital del país, el mandatario lanza un emplazamiento directo al periodista, exigiendo que presente pruebas sobre las acusaciones en las que se sugiere que él y su familia habrían recibido recursos de organizaciones criminales o de funcionarios vinculados al estado de Sinaloa.
“Muestra una sola prueba”, se lee en el texto, en el que además advierte que, de no presentarse evidencia, mantendrá su postura sobre lo que considera una campaña sistemática de desinformación en su contra.
La respuesta no se limita a una exigencia probatoria. El titular del Ejecutivo califica a Loret de Mola como un “periodista mercenario”, acusándolo de operar al servicio de intereses nacionales y extranjeros, así como de formar parte de una estructura mediática que, según su dicho, responde a grupos políticos y económicos contrarios a su administración.
Asimismo, el presidente asegura que existen elementos que evidencian la presunta riqueza, propiedades y actividades empresariales del comunicador, las cuales —afirma— estarían ligadas a prácticas cuestionables, incluyendo la fabricación de contenidos para favorecer a personajes actualmente procesados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Este intercambio eleva el tono de una disputa que desde hace años ha marcado la relación entre el gobierno federal y ciertos sectores del periodismo, particularmente aquellos que han documentado presuntos casos de corrupción o conflictos de interés dentro de la administración pública.
El episodio reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad periodística y el uso del poder político para confrontar narrativas mediáticas, en un contexto donde la polarización continúa definiendo buena parte del escenario público nacional.
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