El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que la violencia en comunidades como Alcozacán y Huitzapula se ha recrudecido por la falta de prevención e investigación de las autoridades
PDenunció desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones, además de exigir justicia para Marco Antonio Suástegui Muñoz
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 22 de mayo de 2026.- El fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que existe una grave crisis de violencia y desplazamiento forzado en la región Montaña de Guerrero, derivada de la falta de acción de las autoridades para contener a grupos criminales y garantizar seguridad a la población.
Entrevistado luego de la protesta encabezada por integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) frente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para exigir justicia por el asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, Barrera Hernández informó que una misión de observación integrada por organizaciones sociales de distintos estados del país arribó a Tlapa para trasladarse a Alcozacán y documentar violaciones a derechos humanos.
Explicó que la delegación busca brindar ayuda humanitaria, registrar casos de desplazamiento, asesinatos y desapariciones ocurridos entre el 6 y el 12 de mayo, además de solicitar la intervención del gobierno federal y de organismos internacionales.
“El objetivo es que sepan que no están solos, que la sociedad civil está preocupada y que se exijan medidas de no repetición y justicia”, expresó.
Sin embargo, denunció que las autoridades federales les informaron que no podían brindar acompañamiento de seguridad porque los cuerpos policiacos se encuentran desplegados en la zona. Aun así, la caravana decidió ingresar al territorio “con ese riesgo”.
Abel Barrera, aseguró que la violencia en la Montaña se ha recrudecido y acusó a las autoridades de permitir el crecimiento de estructuras criminales.
“Son tragedias anunciadas. No hay una política de prevención del delito ni castigo a los responsables”, sostuvo.
También cuestionó que el gobierno estatal minimice el desplazamiento forzado en comunidades de la región, pues afirmó que muchas familias abandonaron sus hogares de manera silenciosa desde hace meses por temor a represalias.
Detalló que al menos 23 viviendas fueron incendiadas y que, aunque el gobierno ha entregado despensas, cobijas y consultas médicas, todavía no existe una estrategia clara de reparación integral del daño ni de acceso a la justicia.
El defensor de derechos humanos señaló que grupos delincuenciales mantienen control territorial para expandirse hacia nuevas comunidades.
“Los han dejado crecer, tienen manos libres. Si ven oportunidad de controlar territorios o intereses económicos, lo hacen porque no hay contención institucional”, afirmó.
Finalmente, Barrera Hernández reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar seguridad en la Montaña, investigar los hechos violentos y evitar que continúe el desplazamiento forzado de familias indígenas en Guerrero.
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