Habitantes de la comunidad de Buenavista mantienen retenido al presidente municipal Adair Hernández Martínez desde la tarde del viernes, para exigir la aplicación transparente de recursos del Ramo 33, así como la ejecución de obras de infraestructura básica como caminos, agua potable y mejoramiento de escuelas
Texto: Yener Santos
Fotografía: Redes sociales
Chilpancingo, Gro., 14 de marzo de 2026.— El presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, cumplió más de 10 horas retenido por pobladores de la comunidad de Buenavista, ante la falta de acuerdos para la ejecución de obras públicas en esa localidad.
De acuerdo con información del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, el alcalde acudió la tarde del viernes, alrededor de las 16:00 horas, a dicha comunidad para encabezar una audiencia pública con el propósito de escuchar las inquietudes y propuestas de los habitantes.
Sin embargo, minutos después comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa que pobladores de Buenavista impidieron la salida del edil, al señalar que no ofreció respuestas concretas sobre la construcción de caminos y el mejoramiento de escuelas.
Este sábado, a través de un comunicado conjunto firmado por autoridades del Ejido de Buenavista y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, se informó que Hernández Martínez continúa retenido en la cancha de la comunidad.
En el documento, los inconformes justifican la retención al acusar al alcalde de presunto abuso de poder, así como de amenazas contra los habitantes y de presuntamente desviar recursos que, aseguran, pertenecen a las comunidades.
Los pobladores demandan la entrega de los recursos que —afirman— corresponden legítimamente a las comunidades indígenas provenientes del Ramo 33, que para el ejercicio fiscal 2026 ascienden a 236 millones de pesos asignados al municipio de San Luis Acatlán, destinados a atender necesidades básicas como salud, educación, agua potable, caminos, carreteras y pavimentación.
Asimismo, denunciaron que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) entregó hace seis años tres millones de pesos al Ayuntamiento para la ejecución de una obra de agua potable, la cual, aseguran, hasta la fecha no ha sido concluida.
En el comunicado, las autoridades comunitarias también exigieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que obligue al presidente municipal a transparentar y entregar los recursos que, según los habitantes, corresponden a los pueblos a través de los comités comunitarios.
Advirtieron que, de no alcanzarse un acuerdo con el edil, solicitarán la presencia directa de la mandataria estatal para atender y resolver el conflicto en la comunidad.
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