Enedina Galindo Bautista, madre del dirigente del CIPOG-EZ, aseguró que han transcurrido 12 días sin que el Gobierno de Guerrero cumpla los acuerdos establecidos para atender la situación jurídica de su hijo, recluido en el penal del Altiplano
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 07 agosto de 2026.— A 12 días de que autoridades estatales se comprometieran a atender la situación jurídica de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), su madre, Enedina Galindo Bautista, advirtió que familiares y ejidatarios podrían volver a bloquear la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir su liberación.
En una entrevista vía remota, Galindo Bautista recordó que el pasado 26 de julio se establecieron acuerdos con funcionarios del Gobierno de Guerrero, entre ellos dar seguimiento a la situación legal de su hijo, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Sin embargo, aseguró que hasta este momento ningún funcionario estatal o federal se ha comunicado con la familia, el CIPOG-EZ o integrantes del Consejo Nacional Indígena para informar sobre avances en el caso.
La madre del dirigente comunitario sostuvo que la acusación contra su hijo, relacionada con su presunta autoría intelectual en el homicidio del comisario de Xicotlán, José Pablo Xanteco Bartolo, ocurrido en 2021, es una imputación que calificó como “fabricada” y negó que Jesús Plácido sea responsable de los delitos que se le atribuyen.
“Jesús Plácido no es ningún delincuente; es un muchacho trabajador y luchador, es campesino. Ha luchado por los pueblos y trabaja su terreno”, afirmó.
Enedina Galindo señaló que, familiares y ejidatarios acordaron retomar las movilizaciones en caso de que las autoridades no cumplan con los compromisos asumidos.
Aunque no estableció una fecha concreta, indicó que ya preparan acciones de protesta y no descartó nuevamente el bloqueo de carreteras.
“Si ellos no logran una respuesta, vamos a volver a bloquear. Esto no se ha acabado”, advirtió.
La familia también responsabilizó a las autoridades de cualquier afectación que pudiera sufrir Jesús Plácido Galindo durante su reclusión, particularmente debido a su estado de salud.
De acuerdo con su madre, el dirigente comunitario padece diabetes, por lo que pidió a las autoridades estatales y federales atender de manera urgente su situación.
Galindo Bautista explicó que, durante las conversaciones con autoridades se habría planteado brindar apoyo para gastos jurídicos y otros gastos relacionados con el caso; sin embargo, la familia rechazó cualquier recurso económico.
“Nosotros lo que queremos es la libertad de él porque es inocente, no es culpable de nada de lo que lo culpan”, afirmó.
La madre de Jesús Plácido sostuvo que la exigencia central de la familia y de las comunidades es que se revise el proceso y se garantice su libertad si no existen elementos para mantenerlo privado de la libertad.
También rechazó la versión oficial respecto a que el dirigente comunitario no habría sido citado por autoridades estatales antes de su detención. Aseguró que recibió una comunicación en la que se le invitó a reunirse para abordar asuntos relacionados con una obra y que posteriormente acudió a la cita.
La madre de Jesús Plácido Galindo afirmó que actualmente la familia no cuenta con un contacto directo con funcionarios del Gobierno de Guerrero que les proporcione información sobre el avance del proceso.
Indicó que el acompañamiento jurídico se mantiene principalmente mediante Tlachinollan y la representación del ejido, mientras esperan que las autoridades cumplan los acuerdos establecidos.
Jesús Plácido Galindo fue detenido luego de que, en mayo pasado, denunciara públicamente la incursión armada de un grupo criminal en comunidades de Chilapa, hecho que, de acuerdo con las denuncias de organizaciones comunitarias, dejó personas asesinadas y provocó el desplazamiento de cientos de habitantes.
Ante la falta de avances que, aseguran, les han informado sobre su situación jurídica, familiares y comunidades mantienen abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones para exigir su liberación.
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