La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local pasó de calificar como “arbitraria” la actuación de fuerzas federales, a justificarla como parte de protocolos; el viraje exhibe contradicciones frente a posibles abusos de autoridad
Texto: Rangel Ventura
Fotografía: Fernando Foster
Chilpancingo, Gro., 18 de marzo de 2026.– En menos de 24 horas, la diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Araceli Ocampo Manzanares, pasó de hacer un escándalo mediático en medios de comunicación para denunciar un presunto acto de abuso por parte de fuerzas federales, a justificar su actuación bajo el argumento de que se trató de protocolos de seguridad.
El martes, la legisladora acusó públicamente haber sido encañonada por elementos militares y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un operativo realizado en las inmediaciones del Congreso local, donde fue detenido el abogado Daniel Rosas Martínez, señalado como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad.
“Nos encañonan… Imagínese, si se lo hacen a una diputada, ¿qué no le harán al ciudadano?”, cuestionó en esa ocasión alarmada, al calificar el hecho como “arbitrario” y denunciar que los elementos no se identificaron.
Sin embargo, hoy miércoles, en conferencia de prensa, Ocampo Manzanares modificó su postura. Afirmó que, aunque el momento generó temor, la actuación de las corporaciones correspondió a sus protocolos operativos y expresó su respaldo a la estrategia de seguridad del gobierno federal, emanado del mismo partido al que pertenece.
“Sí nos asustamos, pero quiero aclarar que se trató de los protocolos con los que trabajan las autoridades”, declaró.
El cambio de narrativa no es menor. La diputada no solo es integrante de Morena, sino que encabeza la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, instancia que, en teoría, debería vigilar y señalar posibles abusos de autoridad, particularmente en operativos donde se vean involucradas fuerzas armadas.
El episodio deja al descubierto una contradicción difícil de ignorar: quien un día advierte públicamente un posible exceso de fuerza y cuestiona su impacto en la ciudadanía, al siguiente matiza su denuncia y respalda a las mismas instituciones señaladas, en un contexto donde el gobierno federal también es encabezado por su partido.
De acuerdo con información oficial, el operativo fue encabezado por la FGE con apoyo de fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, y derivó en la detención de Daniel Rosas Martínez, acusado de privación ilegal de la libertad de militares tras bloqueos ocurridos en el municipio de Juan R. Escudero.
En tanto, desde el Congreso del Estado se deslindaron del operativo, al señalar que se trató de un hecho “circunstancial” ocurrido en el exterior del recinto legislativo.
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