Investiga Contraloría gastos excesivos durante gestión de Yoloczin en el Congreso; Badillo pide dejar actuar al órgano interno
Documentos filtrados revelan una investigación administrativa por presuntas irregularidades financieras durante la gestión de Yoloczin Domínguez al frente de la Jucopo; la ASE ya había observado pagos por 263 mil 503 pesos que excedieron los montos mensuales autorizados
Joaquín “Jacko” Badillo, actual presidente de la Jucopo, evitó especular y sostuvo que corresponde al órgano interno determinar lo conducente
Texto: Yahir Flores / Rangel Ventura
Fotografía: Fernando Foster
Chilpancingo, Gro., 26 de septiembre de 2026. — La administración de Yoloczin Domínguez Serna al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero vuelve a quedar bajo escrutinio, luego de que documentos filtrados a Noticias Reporte Guerrero revelaran la apertura de una investigación administrativa relacionada con el manejo de recursos durante el ejercicio fiscal 2023.
El expediente, identificado con el oficio CEG/LXIV/OIC/0253/2026, fechado el 4 de julio de 2026, fue emitido por el titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, Ernesto Díaz Márquez —nombrado contralor en la gestión de Yoloczin y quien termina su periodo en el año 2027—, quien requirió información relacionada con presuntas anomalías financieras detectadas durante la anterior Legislatura.
El asunto está relacionado con pagos extraordinarios realizados a diputados que habrían excedido los montos mensuales autorizados para determinados apoyos y asignaciones.
La cantidad observada asciende a 263 mil 503.21 pesos, cifra que también aparece en la documentación oficial de la Auditoría Superior del Estado (ASE) correspondiente a la Cuenta Pública 2023.
De acuerdo con el informe de la ASE, bajo la gestión de la actual diputada federal de Morena, Yoloczin Domínguez, el Congreso realizó pagos por ese monto que excedieron los límites mensuales establecidos y la documentación presentada para justificar la operación no fue suficiente para aclarar la observación.
El documento en poder de NRG establece que la Contraloría busca determinar, entre otros aspectos, quién tuvo conocimiento o intervención en las autorizaciones relacionadas con esas modificaciones presupuestales y cuál fue el fundamento jurídico y administrativo utilizado.
Para ello, el órgano fiscalizador habría requerido copias certificadas de actas de sesiones, minutas, dictámenes, opiniones financieras e instrucciones por escrito relacionadas con la modificación de los montos.
El requerimiento otorgó un plazo de cinco días hábiles para entregar la información solicitada.
Badillo evita confrontación y deja el caso en manos de la Contraloría
Cuestionado sobre el expediente, el actual presidente de la Jucopo, Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla, mantuvo una postura cautelosa y evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de su antecesora.
Entrevistado ayer después de asistir como invitado espacial al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Badillo sostuvo que el Órgano Interno de Control es una instancia independiente y que corresponde a esa autoridad desarrollar los procedimientos administrativos que tenga bajo su responsabilidad.
“El órgano interno de control es un órgano independiente que tiene muchos procesos”, respondió.
El diputado morenista insistió en que busca evitar que sus declaraciones sean interpretadas como un señalamiento político contra Domínguez.
“Soy muy respetuoso de todos mis compañeros y compañeras, no quisiera entrar en un tema que se pudiera malinterpretar”, expresó.
Ante la pregunta sobre la actuación de la Contraloría durante la administración que encabezó Yoloczin, Badillo señaló que el órgano ya existía durante ese periodo y que su actual titular cuenta con un nombramiento que, según dijo, tiene vigencia hasta 2027.
“Yo creo que el órgano interno de control está desde precisamente la administración que ella encabezó (Yoloczin Domínguez Serna)”, manifestó.
El actual presidente de la Jucopo agregó que, si las personas involucradas son requeridas por la instancia fiscalizadora, deberán atender los procedimientos correspondientes.
El legislador optó por dejar que sea el órgano interno quien determine si existen responsabilidades.
Cabe precisar que la apertura de una investigación administrativa y una observación de auditoría no significan que una persona haya sido declarada responsable de una irregularidad. El procedimiento deberá establecer si existieron faltas, quiénes intervinieron y, en su caso, si corresponde imponer alguna sanción.