Héctor Suárez Basurto logra aprobación de reforma para fortalecer la responsabilidad patrimonial en Guerrero
La iniciativa, presentada desde octubre de 2025, permitirá fortalecer los mecanismos de reparación cuando una actuación irregular u omisión de autoridades estatales o municipales ocasione daños a los ciudadanos
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Chilpancingo, Gro., 22 de septiembre de 2026. — El Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por el diputado local de Morena, Héctor Suárez Basurto, desde octubre de 2025, con la que se busca fortalecer la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios y hacer más efectivos los mecanismos de reparación ante daños ocasionados por actuaciones irregulares u omisiones de la autoridad.
La propuesta contempla que los entes públicos estatales y municipales puedan contratar seguros de responsabilidad patrimonial, con el propósito de contar con respaldo financiero para responder oportunamente cuando, conforme a la ley, exista la obligación de indemnizar a una persona afectada.
Suárez Basurto explicó que la responsabilidad patrimonial también puede involucrar situaciones cotidianas que generan un impacto económico importante para las familias, como los daños ocasionados a un vehículo debido a las condiciones de una vialidad.
En ese sentido, sostuvo que no basta con que la legislación reconozca el derecho de los ciudadanos a recibir una reparación, sino que deben existir mecanismos que permitan hacer efectivo ese derecho cuando corresponda.
“No buscamos castigar al servidor público ni descapitalizar a las instituciones; buscamos proteger al ciudadano y su patrimonio”, señaló el legislador.
El diputado celebró la aprobación de la iniciativa y afirmó que representa un avance para fortalecer la responsabilidad de las instituciones públicas y garantizar que, cuando exista una afectación atribuible legalmente a la autoridad, los ciudadanos cuenten con mayores posibilidades de obtener una reparación.
La reforma busca así establecer herramientas financieras que permitan a los gobiernos estatal y municipales atender las obligaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial sin comprometer de manera desproporcionada sus recursos públicos.