Familias de los estudiantes recorren funeraria con múltiples irregularidades; autoridades reportan restos óseos de 2014, pero persiste la desconfianza y la exigencia de respuestas claras
Texto: Rangel Ventura
Fotografía: Tlachinollan
Chilpancingo, Gro., 21 de marzo de 2026. — A más de 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, autoridades federales informaron sobre el hallazgo de un presunto crematorio clandestino y restos óseos humanos en las instalaciones de la funeraria Ángel, en la ciudad de Iguala; sin embargo, no existen indicios que vinculen estos hallazgos con los 43 normalistas desaparecidos, informó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Madres y padres de los estudiantes, acompañados por una comisión de alumnos de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos, desde las 9 de la mañana de este sábado , realizaron un recorrido en el inmueble señalado, el cual presenta diversas irregularidades y fue asegurado desde octubre de 2025 como parte de las investigaciones.
Durante la visita, autoridades encabezadas por el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán; el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Covaj, Arturo Medina; y otros funcionarios, expusieron los motivos por los cuales se incluyó este sitio en las líneas de búsqueda.
Entre los hallazgos, se reportó una bolsa con restos óseos humanos que datarían de 2014, así como la existencia de un horno sin registro oficial, considerado “clandestino”, además de otros dos crematorios en el lugar. También se detectaron cuerpos sin identificar, ropa acumulada y posibles vínculos irregulares con el Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado a unos metros.
Las familias cuestionaron duramente a las autoridades sobre cómo estos restos pudieron permanecer más de una década sin ser identificados, además de exigir que los análisis genéticos sean realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, ante la falta de confianza en las instituciones gubernamentales.
Durante el recorrido, los familiares constataron condiciones alarmantes: espacios marcados, restos de objetos calcinados, un pozo bajo sospecha y zonas con indicios de haber sido utilizadas para la quema de cuerpos. No obstante, pese a lo encontrado, no hay evidencia concluyente que permita establecer el paradero de los 43 normalistas.
La indignación también se centró en la falta de avances en otras líneas de investigación, particularmente en la exigencia de que el Ejército entregue información clave contenida en más de 800 folios, ordenados por un juez y aún pendientes.
“Tenemos experiencia de los engaños del gobierno”, reclamaron los padres, quienes reiteraron que no aceptarán versiones incompletas ni hallazgos ambiguos, insistiendo en que su lucha sigue siendo encontrar a sus hijos con vida o, en el peor de los casos, tener certeza plena de su destino.
Aunque el recorrido generó expectativas, las familias se retiraron con más dudas que respuestas, evidenciando que, a más de una década, el caso Ayotzinapa sigue marcado por la incertidumbre, la desconfianza y la exigencia de justicia.
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