El organismo afirmó que agentes federales hirieron a un jornalero indígena na savi cuando una familia permanecía varada en la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas; exigen investigación y reparación del daño
Texto: Yener Santos
Chilpancingo, Gro., 18 de mayo de 2026.— El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció este lunes que elementos de la Guardia Nacional dispararon presuntamente sin justificación contra una familia de jornaleros agrícolas que permanecía varada sobre la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en la región Costa Grande de Guerrero.
Mediante un comunicado, el organismo informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 13 de mayo, cuando una familia originaria de la comunidad na savi de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, viajaba rumbo a los campos limoneros de Apatzingán, Michoacán.
De acuerdo con la denuncia, alrededor de 30 personas —entre mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes— viajaban en una camioneta vieja que sufrió una ponchadura de llantas mientras circulaban por la vía federal.
“Optaron por estacionarse afuera de la carretera y se acostaron a dormir cerca de una parota donde estaba la luz tenue de un foco”, señaló Tlachinollan en el comunicado.
El organismo indicó que, mientras dormían, alrededor de las tres de la madrugada escucharon una detonación y uno de los integrantes de la familia, identificado como Marcelino, gritó al resultar herido de bala en el tobillo izquierdo.
Según el testimonio difundido por el Centro de Derechos Humanos, posteriormente se acercó una camioneta de la Guardia Nacional, cuyos elementos presuntamente realizaron el disparo.
“Llegaron sin decirnos nada, sólo dispararon. Pensaron que estábamos muertos. Les dijimos que no estábamos haciendo nada, lo único que queríamos era dormir porque se nos había descompuesto el vehículo”, relataron los jornaleros.
La familia aseguró que los agentes no dieron explicación alguna y que aproximadamente media hora después solicitaron una ambulancia para trasladar a Marcelino a un hospital de Zihuatanejo.
Tlachinollan denunció además que al día siguiente dos abogados provenientes de la Ciudad de México acudieron al hospital y ofrecieron a la familia 150 mil pesos para alimentos y gastos derivados de la atención médica; sin embargo, señalaron que posteriormente dejaron de tener contacto con ellos.
El organismo informó que, a cinco días de los hechos, Marcelino continúa hospitalizado y permanecerá internado al menos hasta el 19 de mayo. Tres familiares permanecen cuidándolo, mientras que el resto de la familia fue alojada en una vivienda rentada por la Guardia Nacional en Zihuatanejo.
A pesar del apoyo médico y del pago de medicamentos, Tlachinollan advirtió que la principal preocupación de la familia es que Marcelino no podrá trabajar durante la temporada agrícola, lo que dejará sin ingresos a su esposa y seis hijos.
“Su único hijo de 14 años podría trabajar en el corte de jitomate y chile, pero es insuficiente para sostener a toda la familia y atender los gastos médicos que va a necesitar Marcelino”, señala el comunicado.
El Centro de Derechos Humanos exigió una investigación por el presunto uso injustificado de armas de fuego contra civiles, así como una reparación integral del daño para Marcelino y las demás personas afectadas.
También recordó que desde hace más de diez años estas familias jornaleras transitan por esa carretera para trabajar en los campos agrícolas de Michoacán durante la temporada de lluvias, sin haber sufrido anteriormente un incidente similar.
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