Exigen esclarecer el homicidio de Anselmo Campuzano Martínez y acusan a funcionarios del Ministerio Público de presuntas irregularidades, encubrimiento y manipulación de pruebas en la investigación
Texto: Alberto Gómez
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Guerrero, 17 de marzo de 2026.— Familiares del abogado Anselmo Campuzano Martínez, asesinado en octubre pasado en el municipio de Iguala, se declararon este martes en huelga de hambre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, para exigir el esclarecimiento del crimen.
Durante la protesta, Anselmo Campuzano Reyes, padre del litigante, señaló como presuntos responsables a dos agentes del Ministerio Público adscritos en Iguala: Leonardo Meraz, titular de la agencia, y Christian Peñaloza, quien fungía como auxiliar.
El denunciante acusó que, en lugar de ser investigados, ambos funcionarios habrían sido beneficiados con cambios de adscripción por parte del fiscal del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda. Detalló que inicialmente fueron enviados a agencias del Ministerio Público en Atoyac y Ometepec, y posteriormente uno de ellos fue designado titular en la agencia de Costa Azul, en Acapulco.
Campuzano Reyes expresó que estas decisiones representan un “premio” para los servidores públicos señalados, en lugar de garantizar una investigación imparcial y apegada a derecho.
Asimismo, denunció presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación, entre ellas la desaparición de pruebas clave en la escena del crimen, como casquillos percutidos. Según indicó, las autoridades argumentaron que estos habrían sido recogidos por menores de edad.
Agregó que tampoco se han revisado cámaras de videovigilancia ni se han analizado las sábanas de llamadas de posibles autores intelectuales del homicidio.
Por su parte, una hermana de la víctima destacó que Anselmo Campuzano Martínez contaba con una trayectoria relevante como litigante en Iguala, donde obtuvo diversos fallos en contra del Ministerio Público.
Señaló que el abogado había detectado presuntas prácticas de corrupción dentro de agencias ministeriales del municipio, situación que la familia considera podría estar relacionada con su asesinato.
Los familiares advirtieron que mantendrán la huelga de hambre de manera indefinida hasta obtener respuestas claras por parte de las autoridades sobre el avance de las investigaciones.
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