En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Micaela Cabañas Ayala y familiares de víctimas reclamaron a los gobiernos y legisladores resultados concretos
Advirtieron que en Guerrero persisten graves rezagos, mientras colectivos continúan realizando búsquedas prácticamente solos y las familias siguen esperando verdad, justicia y localización de sus seres queridos
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 23 agosto de 2026.— A más de seis décadas de los primeros casos documentados durante la “guerra sucia”, familiares de víctimas de desaparición forzada exigieron a las autoridades de Guerrero dejar de lado los discursos y asumir acciones concretas para esclarecer los casos, localizar a las personas desaparecidas y garantizar justicia a las familias.
Durante una conferencia de prensa en el marco, del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Micaela Cabañas Ayala, hija del comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, cuestionó que, pese al cambio de gobiernos, persistan las mismas deudas con las víctimas.
Señaló que en Guerrero existen más de mil 500 personas desaparecidas relacionadas con la “guerra sucia”, de las cuales, solamente en alrededor de cuatro casos se han localizado restos de las víctimas.
“¿Por qué no han hecho nada si los gobiernos ya han cambiado?”, cuestionó, al señalar que las familias continúan esperando respuestas y que muchas de ellas carecen de recursos para trasladarse de un lugar a otro en busca de sus familiares.
Cabañas Ayala advirtió que, la desaparición forzada no solamente afecta a quien es víctima directa, sino que rompe el núcleo familiar y puede generar otros fenómenos como el desplazamiento forzado interno.
También denunció que existen casos en los que colectivos y familiares han localizado restos por sus propios medios, mientras que otros cuerpos permanecen durante años bajo resguardo de instituciones sin que sus familias sean notificadas oportunamente.
Ante este panorama, las participantes demandaron a diputados locales, federales y senadores revisar las leyes relacionadas con desaparición forzada y desplazamiento interno, al considerar que existen vacíos legales que impiden una atención eficaz a las víctimas.
Cabañas Ayala pidió a los legisladores “hacer su trabajo” y modificar las normas que no correspondan a la realidad que enfrentan las familias.
Por su parte, Diana Ixel Hernández Hernández recordó la Recomendación 98/VVG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, se documentaron graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Guerrero durante el periodo de violencia de las décadas de 1960 a 1990.
La recomendación documentó 814 víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, señalaron las activistas.
Hernández Hernández sostuvo que, si las autoridades aceptaron dicha recomendación, existe una obligación de avanzar en su cumplimiento y garantizar verdad, justicia y reparación para las familias.
Criticó además que, pese a los compromisos institucionales, persistan pendientes en materia de acceso a la justicia y seguridad para defensores de derechos humanos y población en general.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con el homenaje realizado anteriormente al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa señalado por las víctimas como represor durante la llamada “guerra sucia”.
Micaela Cabañas cuestionó que, un gobierno que se reivindica como de izquierda haya permitido un reconocimiento de ese tipo y sostuvo que existe una deuda histórica con quienes fueron víctimas de la represión política en Guerrero.
En este contexto, respaldó la propuesta legislativa para revisar calles, escuelas, parques y otros espacios públicos que lleven nombres de personas señaladas como perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos.
Consideró que dicha revisión también permitiría avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos.
“Lo único que esperamos es justicia, no estamos pidiendo economía”, expresó Cabañas Ayala, quien afirmó que las familias buscan preservar la memoria de quienes fueron víctimas y esclarecer su destino.
También demandó revisar archivos militares para buscar información relacionada con las desapariciones, incluidos documentos que pudieran aportar elementos sobre los llamados “vuelos de la muerte”.
Durante la conferencia se señaló que la problemática no pertenece únicamente al pasado, pues las desapariciones continúan ocurriendo en Guerrero y en el país.
Actualmente desaparecen niñas, niños, trabajadores, defensores de derechos humanos y ciudadanos de distintos sectores, por lo que consideraron que ninguna persona está exenta del riesgo.
Asimismo, cuestionaron la falta de coordinación entre autoridades y colectivos de búsqueda y reclamaron que las familias tengan que asumir por cuenta propia tareas que corresponden al Estado.
También expresaron solidaridad con familiares de personas desaparecidas recientemente en Guerrero, entre ellos Arturo Trinidad Solano, quien mantiene la exigencia de localizar con vida a su hermano Adrián Trinidad Solano.
Durante la conferencia también se cuestionó el desempeño de instituciones estatales encargadas de la defensa de los derechos humanos.
Se afirmó que el Congreso del Estado ha destinado recursos a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, pero se cuestionó el número de recomendaciones que han sido atendidas y resueltas.
Asimismo reclamaron que, la designación de titulares de organismos de derechos humanos no responda a intereses políticos y demandaron que estos espacios sean ocupados por personas con verdadera independencia y compromiso con las víctimas.
Los familiares y defensores advirtieron que mientras prevalezca la impunidad, las desapariciones forzadas y otros delitos contra la población continuarán reproduciéndose.
Sostuvieron que la exigencia no está dirigida contra un partido político en particular, sino contra la falta de resultados de las instituciones responsables de garantizar seguridad, verdad y justicia.
“Mientras no haya justicia, nosotros habremos de seguir luchando”, señalaron, al insistir en que las familias de las víctimas no quieren discursos ni promesas, sino resultados concretos.
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