Integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI acudieron a Palacio de Gobierno para entregar su pliego petitorio rumbo a 2027
Demandaron vivienda, salud, caminos, seguridad y justicia, además de garantías para que personas desplazadas puedan regresar a sus comunidades
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Hilda Perales
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 10 agosto de 2026.— Integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, encabezados por su dirigente, Efraín Torres Fierro, acudieron a Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio correspondiente a 2027 y exigir atención a las demandas de comunidades indígenas y sectores vulnerables de Guerrero.
Durante su pronunciamiento, Torres Fierro cuestionó que los derechos de los pueblos indígenas continúen siendo materia de discusión, pese a la participación histórica de estas comunidades en distintos procesos sociales del país.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sostuvo que las comunidades originarias han aportado su territorio, trabajo y hasta vidas en distintos momentos históricos, por lo que reclamó que sus derechos sean garantizados y no utilizados como una promesa gubernamental.
Entre las principales demandas planteadas se encuentran programas de vivienda, salud, caminos, seguridad y atención social, así como el cumplimiento de compromisos previamente establecidos con las autoridades estatales.
El dirigente también denunció la situación de violencia que enfrentan comunidades de distintas regiones de Guerrero, donde, afirmó, habitantes han sido víctimas de amenazas, secuestros y homicidios.
En materia de justicia, pidió a la Fiscalía General del Estado dar seguimiento a las denuncias presentadas por la organización y a las órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos responsables de asesinatos y secuestros contra integrantes de las comunidades.
Respecto al caso de Jesús Plácido Galindo, señalado por autoridades como presunto responsable de hechos violentos en la región, Torres Fierro demandó que se realicen las investigaciones correspondientes y sostuvo que, si existen responsabilidades, deben determinarse mediante un proceso legal.
“Si nosotros somos culpables, que se nos investigue”, planteó el dirigente, al señalar que la organización busca fungir como un puente entre las comunidades y las autoridades para atender problemas relacionados con vivienda, salud, caminos y seguridad.
Por su parte, Clemencia Guevara Tejedor, integrante de la organización, señaló que la defensa de los pueblos originarios debe realizarse conforme al Artículo 2 de la Constitución y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente en lo relacionado con los derechos colectivos, usos y costumbres y libre determinación.
También llamó a las autoridades a garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, así como evitar que se cancelen investigaciones y órdenes de aprehensión relacionadas con hechos de violencia denunciados por las comunidades.
Guevara Tejedor destacó además la necesidad de generar políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios, con acceso efectivo a vivienda, medicamentos, salud y empleo.
Uno de los principales reclamos fue la situación de las personas desplazadas por la violencia. La organización exigió que quienes han tenido que abandonar sus comunidades puedan regresar a sus lugares de origen, pero con garantías de seguridad y protección.
Los integrantes del Frente Popular señalaron que, además de entregar su pliego petitorio al gobierno estatal, buscarían reunirse con autoridades de Bienestar para plantear directamente las necesidades de las comunidades.
Finalmente, confiaron en que los acuerdos establecidos previamente con el gobierno estatal sean cumplidos antes de concluir el año y que las nuevas demandas sean incorporadas a la agenda de atención para 2027.
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