Tras la pérdida del registro nacional del PRD, extrabajadores denuncian irregularidades en el proceso de liquidación del partido en Guerrero
Documentos oficiales indican que algunos exdirigentes ya recibieron pagos, mientras empleados con más de dos décadas de servicio continúan sin recibir su indemnización
Texto: Yahir Flores Hdz.
Fotografía: Archivo
Chilpancingo, Gro., 12 de marzo de 2026.– Luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdiera su registro como instituto político nacional en 2024, el partido inició el proceso legal de liquidación de su patrimonio, procedimiento que por ley debe priorizar el pago de obligaciones laborales con sus trabajadores.
Sin embargo, en Guerrero el proceso ha estado marcado por inconsistencias y cuestionamientos. Diversos señalamientos apuntan a que, debido a la falta de vigilancia efectiva por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el PRD en la entidad logró constituirse como partido local sin cumplir completamente con los lineamientos establecidos para la transición de un instituto político nacional a uno estatal.
Esta situación habría permitido a la dirigencia encabezada por Evodio Velázquez Aguirre manejar recursos que, de acuerdo con la normatividad, debían destinarse a la liquidación de trabajadores del partido. El tema fue documentado el pasado 12 de enero en una nota periodística que señalaba la negativa del exalcalde de Acapulco a liquidar a 44 extrabajadores del extinto PRD nacional en Guerrero.
Tras la publicación, la dirigencia estatal del PRD emitió un comunicado en el que aseguró que el proceso de liquidación se encontraba en trámite legal y bajo supervisión del interventor designado por el INE. En ese posicionamiento, el partido afirmó que actuaría “con apego estricto a la legalidad y a los lineamientos aprobados por el INE”, garantizando transparencia y responsabilidad durante el procedimiento.
En el mismo documento, la dirigencia perredista sostuvo que los señalamientos respondían a presiones y chantajes de personas que, tras la pérdida del registro nacional del partido, se incorporaron a otras fuerzas políticas y ahora buscaban obtener beneficios económicos.
No obstante, información consultada recientemente en la Plataforma Nacional de Transparencia indica que el proceso de liquidaciones ya comenzó, aunque bajo un esquema que, según los inconformes, beneficia principalmente a perfiles cercanos a la dirigencia estatal.
Entre quienes ya habrían recibido pagos figuran la exsecretaria general del partido, Ivet Díaz Bahena; el exdirigente estatal Mario Ruiz Valencia; así como Miguel Ángel Sierra Abundis, Indira Janet Suazo Sotelo, Marco Antonio Organiz Ramírez, Ruth Lorena Ortega González, Esmeralda Díaz Bahena y Mariano Hansel Patricio Abarca, entre otros.
En contraste, trabajadores con más de 20 años de servicio dentro del partido aún no han recibido su liquidación. Entre ellos se encuentran los contadores públicos Enrique Gonzales y Jaime Sánchez, así como María Victoria Alarcón, quien se desempeñaba como personal de limpieza.
Los extrabajadores señalan que, pese a su trayectoria laboral dentro del partido, no han sido incluidos en el primer bloque de pagos, situación que consideran injusta frente a las indemnizaciones ya otorgadas a perfiles vinculados con la dirigencia política.
El caso ocurre en medio de un contexto político en el que el PRD busca reorganizarse como fuerza local tras su desaparición como partido nacional, mientras algunas corrientes del perredismo han planteado la posibilidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas en el estado.
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