El acceso al agua exige responsabilidad fiscal, los grandes consumidores deben pagar lo que les corresponde y no cargar la mano a las familias: Esthela Damián

“El Humanismo Mexicano nos enseña que el agua no es una mercancía, es un bien común y un derecho vital. Que todos paguen lo que les corresponde por concepto de agua no es solo un tema de recaudación o eficiencia administrativa, es una cuestión de justicia social elemental”, afirmó

Acapulco, Gro., 28 de octubre de 2026.- La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, celebró la inversión histórica entre los gobiernos federal y de Jalisco por 25 mil millones de pesos para la construcción de dos nuevos acueductos, al tiempo que hizo un llamado categórico a garantizar la justicia distributiva e hídrica en la entidad, asegurando que todos los sectores, en especial los grandes contribuyentes, paguen lo que verdaderamente les corresponde por el consumo de agua.
Subrayó que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental que exige tanto infraestructura de gran calado como una gestión pública honesta, transparente y equitativa.
“Para que el agua llegue de forma justa a todos los hogares, se requiere orden y equidad: en Jalisco no puede haber privilegios. Es indispensable que los grandes consumidores y las grandes empresas paguen lo justo por el recurso que utilizan”, aseveró.
Advirtió que durante años los esquemas tarifarios de agua en diversas regiones han afectado de manera desproporcionada a las familias trabajadoras y sectores populares, mientras que grandes giros comerciales e industriales mantienen subsidios o adeudos injustificados.
“El Humanismo Mexicano nos enseña que el agua no es una mercancía, es un bien común y un derecho vital. Que todos paguen lo que les corresponde por concepto de agua no es solo un tema de recaudación o eficiencia administrativa, es una cuestión de justicia social elemental. Los recursos públicos deben proteger al pueblo y no solapar abusos de quienes más tienen”, puntualizó.
Finalmente, reiteró que la combinación de inversión federal directa en grandes acueductos y una fiscalización rigurosa en el cobro del agua permitirá sanear las finanzas locales, mejorar la red de distribución y asegurar el abastecimiento del vital líquido para las presentes y futuras generaciones.