Autoridades ejidales y pobladores denunciaron que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de la SEDENA ingresaron sin orden judicial a una vivienda del ejido
Acusan abusos, intimidación y presunta fabricación de delitos, por lo que solicitaron la intervención de la CNDH, la FGR y el Gobierno Federal
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Chilpancingo, Gro., 14 de julio de 2026.– Autoridades ejidales y habitantes de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, hicieron pública una denuncia en la que acusan a elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de presuntamente realizar un allanamiento ilegal en una vivienda de la comunidad, además de cometer actos de intimidación contra la población.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación, organismos defensores de derechos humanos y autoridades de los tres niveles de gobierno, los pobladores señalaron como presunto responsable del operativo al coordinador general de la PIM en Guerrero, Juan Sánchez Galeana, a quien acusan de haber encabezado personalmente la intervención.
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el 13 de julio, cuando agentes ministeriales habrían ingresado por la fuerza a un domicilio particular sin mostrar una orden de cateo emitida por un juez, mientras en el inmueble se encontraban mujeres y menores de edad.
Los denunciantes sostienen que el operativo generó temor entre las familias y afirman que existe el riesgo de que se pretendan fabricar delitos mediante la supuesta siembra de evidencias, acusación de la que responsabilizan directamente a los mandos de la corporación. También aseguran contar con videos e imágenes del operativo.
La comunidad recordó que desde hace semanas ha denunciado públicamente ataques atribuidos a grupos de la delincuencia organizada, incluyendo el uso de drones con explosivos, y reprochó que, mientras aseguran no recibir protección frente a esos hechos, las autoridades ministeriales realicen operativos que consideran arbitrarios.
En el documento, los habitantes solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la Fiscalía General de la República (FGR) y del Gobierno Federal para investigar lo ocurrido, brindar medidas de protección a la comunidad y garantizar el respeto a sus derechos.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Policía Investigadora Ministerial no han emitido un posicionamiento público sobre estas acusaciones.
Nota a nuestros lectores: Las acusaciones contenidas en esta información corresponden a la versión expresada por las autoridades ejidales y habitantes de Guajes de Ayala. Hasta el momento no existe una respuesta oficial de las autoridades señaladas.
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