Cuestionan diputados falta de resultados y opacidad en combate a la corrupción en Guerrero
Durante la comparecencia del secretario de Contraloría, José Francisco González Sánchez, legisladores del PAN, PRI, PT y Morena exigieron aclarar el destino de recursos observados, las adjudicaciones directas, las denuncias pendientes y las sanciones a funcionarios
El funcionario informó que permanecen pendientes de aclarar 14.1 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación y reconoció que tres denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 18 de noviembre de 2026.- La falta de información sobre los resultados de auditorías, el número de denuncias que continúan en investigación, las adjudicaciones directas y la recuperación de recursos públicos fueron algunos de los principales cuestionamientos que enfrentó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Guerrero, José Francisco González Sánchez, durante su comparecencia ante el Congreso local.
Como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, legisladores de oposición señalaron que las cifras presentadas por la dependencia no permiten conocer con claridad la efectividad del combate a la corrupción, mientras que el funcionario defendió los avances administrativos y se comprometió a entregar información complementaria.
La diputada del PAN, María Irene Montiel Servín, reconoció la implementación de herramientas digitales para el seguimiento de auditorías federales, la integración de 72 comités de ética y la posibilidad de tramitar en línea constancias de no inhabilitación. Sin embargo, sostuvo que una Contraloría no debe medirse por el número de capacitaciones, sino por su capacidad para investigar y sancionar a quienes incurren en irregularidades.
Cuestionó que, de las 4 mil 483 personas servidoras y exservidoras públicas sancionadas durante el periodo informado, 460 recibieron amonestaciones, mientras que 233 de las 353 denuncias recibidas por los órganos internos de control permanecían en integración.
También señaló que el informe no precisa cuánto dinero se ha recuperado por irregularidades detectadas y cuestionó las 123 adjudicaciones directas registradas entre 394 contrataciones en las que participó la Secretaría.
Montiel Servín, puso especial énfasis en la investigación relacionada con el zoológico Zoochilpan, derivada de la presentación de 44 ejemplares de 16 especies de fauna silvestre, el pasado 30 de abril, cuya procedencia habría carecido de documentación acreditativa.
Expuso que, de acuerdo con documentos que presentó durante su intervención, la investigación se inició hasta el 21 de septiembre y que, pese a los requerimientos realizados al director del zoológico y al titular de Medio Ambiente, no se habían conocido resultados.
La legisladora también cuestionó el nombramiento del director del recinto, al considerar que no cumple con el perfil establecido en la Ley de Bienestar Animal, y reprochó que pese a las denuncias de especialistas, no se haya ofrecido una respuesta satisfactoria.
En su réplica, insistió en que no puede hablarse de transparencia mientras existan dependencias que incumplen la ley y mantienen sin respuesta las denuncias ciudadanas.
Por su parte, el diputado del PT, Edgar Ventura de la Cruz, pidió conocer el monto total de recursos públicos recuperados a partir de auditorías, investigaciones y procedimientos administrativos, así como cuántas personas han sido sancionadas por actos de corrupción y cuántos expedientes fueron remitidos a autoridades penales.
La diputada del PVEM, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, solicitó precisar cuánto dinero continúa pendiente de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación y cuáles fueron las faltas que motivaron las 23 inhabilitaciones reportadas por la dependencia.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Alejandro Bravo Abarca, cuestionó las diferencias en las cifras de declaraciones patrimoniales entre informes, las 123 adjudicaciones directas y los resultados concretos de las 62 auditorías reportadas. Solicitó una relación detallada de contratos, proveedores, montos, fundamentos legales y observaciones derivadas de los procesos de fiscalización.
En tanto, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pidió explicar por qué el número de auditorías disminuyó de 176 a 72 y posteriormente a 62, además de conocer los criterios utilizados para decidir qué dependencias son auditadas.
También cuestionó la falta de información sobre tres instrumentos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027: el sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados por corrupción, el sistema de denuncias públicas y la implementación de auditorías forenses.
En respuesta, José Francisco González Sánchez informó que el monto pendiente de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a las cuentas públicas de 2021 a 2023 asciende a 14 millones 175 mil 501 pesos con 37 centavos, mientras que para 2024 aseguró que no existe monto pendiente.
Detalló que de las observaciones correspondientes a 2021 permanecen por aclarar alrededor de 1.6 millones de pesos; de 2022, 1.8 millones, y de 2023, 10.6 millones de pesos.
Explicó que buena parte de las observaciones se relacionan con registros de la nómina educativa y pagos a personas fallecidas, dadas de baja o con licencias sin goce de sueldo, así como con apoyos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Argumentó que algunos registros no se encuentran actualizados y que la dependencia trabaja para solventar las observaciones o realizar los reintegros correspondientes.
Sobre las declaraciones patrimoniales, indicó que el universo de sujetos obligados pasó de 104 mil 461 en 2024 a 99 mil 475 en el ejercicio actual. Aseguró que el cumplimiento alcanzó 90.1 por ciento, sin considerar los sectores magisterial y de salud, cuya participación continúa siendo un área pendiente.
En materia de sanciones, informó que las 23 inhabilitaciones reportadas corresponden a 22 personas, debido a que una de ellas aparece dos veces por conductas distintas. Precisó que nueve casos estuvieron relacionados con hostigamiento o acoso sexual y laboral, siete con omisiones o inconsistencias en procesos de entrega-recepción y otros siete con diferentes irregularidades administrativas.
Entre estas últimas mencionó una irregularidad financiera y contable por 99 mil 975 pesos. Aclaró que la Secretaría únicamente puede sancionar faltas administrativas no graves, con inhabilitaciones de entre tres meses y un año, mientras que las faltas graves son remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa.
Señaló que durante el periodo se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que 23 expedientes por faltas graves fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa.
La comparecencia concluyó con el compromiso del secretario de hacer llegar información adicional a las comisiones legislativas.



