A seis días de su detención, el dirigente del Cipog-EZ no ha recibido visitas de familiares ni de sus abogados particulares, acusa el Congreso Nacional Indígena; convocan a movilización en Chilpancingo durante la audiencia de vinculación a proceso
Texto: Eduardo Yener Santos
Chilpancingo, Gro., 22 de julio de 2026.- El Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Misión Civil de Observación Sexta denunciaron que, a seis días de la detención del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, éste permanece incomunicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin recibir visitas de familiares ni de sus abogados particulares.
Ante esta situación, el CNI convocó a una movilización para este jueves a partir de las 9:00 horas en Chilpancingo, en el juzgado de control y enjuiciamiento penal, donde se llevará a cabo la continuación de la audiencia de vinculación a proceso del dirigente indígena.
A través de un comunicado, el CNI señaló que el día de la detención de Jesús Plácido, agentes de seguridad lo esposaron y destruyeron el botón de pánico que le había sido asignado por la Secretaría de Gobernación, debido a que era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con la organización, Plácido Galindo fue trasladado de inmediato en helicóptero al penal del Altiplano, sin que su familia ni sus abogados tuvieran conocimiento de su paradero.
El CNI acusó que transcurrieron más de 20 horas antes de que se notificara oficialmente sobre su detención y que la audiencia inicial fue programada alrededor de las 20:00 horas del 18 de julio, más de 25 horas después de haber sido detenido. Señaló además que sólo pudo realizar una llamada telefónica una vez que ya se encontraba en el penal, debido a trámites administrativos internos.
Desde entonces, indicó el comunicado, Jesús Plácido “no tuvo en ningún momento acceso a su llamada de ley, estuvo aislado e incomunicado, violentando su derecho a contar con un abogado de su elección”, por lo que le fue asignado un defensor de oficio, en presunta violación al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Asimismo, la organización denunció que la audiencia inicial del sábado 18 de julio, que comenzó a las 11:00 horas, presentó fallas de conexión y distorsión de imagen, debido a que se realizó de manera virtual, lo que impidió que el juez pudiera explicarle adecuadamente al dirigente su situación jurídica.
El CNI agregó que, hasta el momento, el abogado defensor de Jesús Plácido continúa siendo el de oficio, ya que no ha podido comunicarse con sus familiares ni con sus representantes legales particulares.
“Hasta el momento, no tenemos datos de su estado de salud; observamos la incompatibilidad de la prisión en una cárcel de máxima seguridad, como lo es Almoloya, y no se le ha dotado de medicamento conforme al artículo 166 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que protege a personas defensoras indígenas que padecen alguna enfermedad”, señala el comunicado.
Entre sus demandas, el CNI exigió que se garantice la integridad personal de Jesús Plácido Galindo y que no sea sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También pidió que se le permita la comunicación inmediata con sus familiares, personas de confianza y defensa jurídica, así como el respeto a su derecho a un debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia.
Además, solicitó que el dirigente indígena cuente con una persona intérprete y traductora en su lengua originaria durante todas las actuaciones judiciales, y que se respete su derecho a la igualdad y a la no discriminación por su origen étnico o condición indígena.
Jesús Plácido Galindo fue detenido el 17 de julio en un retén militar instalado en el crucero de la comunidad de Monte Alto, municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero. El Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado lo señalan por presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Tlacos y por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.
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