Alrededor de 200 comuneros de Jicayán de Tovar viajaron a la Ciudad de México para exigir seguridad y la ejecución de una sentencia agraria a su favor sobre 49 hectáreas en disputa con una comunidad de Oaxaca; denuncian incumplimiento de acuerdos federales y reactivación de la violencia
Texto: Yener Santos
Chilpancingo, Gro., 27 de abril de 2026.— Campesinos amuzgos de los bienes comunales de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, mantienen una protesta en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitan garantías de seguridad y una solución definitiva al conflicto agrario que sostienen con la comunidad de El Jicaral, en el estado de Oaxaca.
Alrededor de 200 pobladores, entre hombres y mujeres, viajaron durante más de 10 horas desde la comunidad ubicada en la región Costa Chica de Guerrero, para demandar al gobierno federal condiciones de seguridad que permitan el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco. Dicho fallo, correspondiente al juicio 212/2012, reconoce a Jicayán de Tovar la posesión de 49 hectáreas en disputa.
En conflicto agrario se remonta a 1994; sin embargo, en junio de 2025 se reactivaron los enfrentamientos armados en la zona derivado de la disputa territorial.
Durante la manifestación, los comuneros solicitaron la intervención directa de la titular del Ejecutivo federal para exhortar al gobierno de Oaxaca a contener a la comunidad de El Jicaral y frenar los ataques, a fin de que la resolución judicial pueda ejecutarse.
Los inconformes señalaron que la protesta responde al incumplimiento de los acuerdos establecidos el 30 de agosto de 2025 en Jicayán, cuando autoridades de los tres órdenes de gobierno se comprometieron a instalar una base del Ejército en la zona del conflicto, con el objetivo de garantizar la ejecución de la sentencia y permitir la ocupación de las tierras por parte de los comuneros.
La movilización inició alrededor de las 08:00 horas de este lunes. Dos horas después, a los manifestantes se les ofreció una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, así como con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Procuraduría Agraria. No obstante, la representación legal de los campesinos insistió en la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución agraria.
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