Aprueba Congreso de Guerrero Cuenta Pública 2024 con mil 874 observaciones pendientes
Con 37 votos a favor y uno en contra, el Pleno avaló la revisión financiera de los poderes del estado y órganos autónomos
La diputada panista María Irene Montiel Servín cuestionó la aprobación al señalar que casi el 79 por ciento de los resultados con observaciones continúa sin atenderse
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 20 de octubre de 2026.— Con 37 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2024 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, en medio de cuestionamientos de la diputada del PAN, María Irene Montiel Servín, por las observaciones pendientes de solventar.
La legisladora panista fue la única que votó en contra y argumentó que el dictamen reporta 2 mil 374 resultados con observaciones, de los cuales mil 874 continúan sin atenderse, lo que representa casi el 79 por ciento.
Durante su intervención en tribuna, sostuvo que existen 162 observaciones pendientes más que en el ejercicio anterior y cuestionó que, pese a los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos, se califique como adecuada la gestión de distintas dependencias estatales.
“Nosotros no seremos tapadera de la opacidad ni cómplices del saqueo a los guerrerenses”, expresó.
Montiel Servín señaló como ejemplo a la Secretaría de Educación, que registra 24 resultados con observaciones, 12 sin atender y siete pliegos de observaciones, pese a obtener una calificación de gestión adecuada.
También cuestionó el caso de la Secretaría de Salud, donde, de ocho observaciones reportadas, siete permanecen sin atender, situación que consideró incongruente frente a la evaluación favorable de su gestión.
La diputada afirmó que las observaciones incluyen presuntos pagos sin documentación comprobatoria, remuneraciones superiores a las del titular del Ejecutivo, retenciones de impuestos y cuotas de seguridad social sin enterar, así como adquisiciones y expedientes con irregularidades.
Advirtió que estas situaciones requieren aclaraciones y, en los casos en que se acrediten responsabilidades, la aplicación de las sanciones correspondientes.
Asimismo, criticó el alcance de la fiscalización y sostuvo que la revisión de los recursos fue limitada en dependencias que concentran una parte importante del presupuesto estatal.
Entre los entes que, según expuso, no fueron auditados durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, mencionó a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
También cuestionó el tratamiento dado a organismos que recibieron evaluaciones negativas en sus auditorías y que, a su consideración, no tuvieron consecuencias claras dentro del decreto aprobado.
La legisladora pidió explicar los criterios utilizados para determinar qué observaciones permanecen pendientes y qué acciones se han iniciado para deslindar responsabilidades.
Al fundamentar el dictamen a favor, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Joaquín Badillo Escamilla, sostuvo que las observaciones identificadas son principalmente de carácter administrativo y no representan un menoscabo significativo al patrimonio público que impida aprobar la Cuenta Pública en su conjunto.
Afirmó que los entes fiscalizados presentaron la información contable, presupuestaria y programática correspondiente, y que los estados financieros reflejan una situación patrimonial razonable, con una conciliación consistente entre ingresos y egresos.
Badillo Escamilla también señaló que el gasto público se ejerció con eficiencia, eficacia y honradez, orientado al cumplimiento de los planes y programas de desarrollo de Guerrero.
No obstante, aclaró que la aprobación legislativa no significa absolver a los servidores públicos ni liberar de responsabilidades administrativas, civiles o penales a quienes pudieran haber incurrido en irregularidades.
Precisó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y las demás autoridades competentes mantienen sus atribuciones para investigar, determinar y fincar las responsabilidades que correspondan.
Con ello, el Congreso aprobó la Cuenta Pública 2024, mientras las observaciones pendientes y los procedimientos que pudieran derivarse de ellas continúan sujetos a las facultades de fiscalización y sanción de las autoridades competentes.