A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, Tlachinollan, Fundar, Serapaz y Centro Prodh advirtieron que la investigación contra el exgobernador de Guerrero debe robustecerse y señalaron como pendientes la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón
Texto: Rangel Ventura
Chilpancingo, Gro., 12 de agosto de 2026.- A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron fortalecer la acusación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y avanzar de manera decidida en las investigaciones para esclarecer uno de los casos más graves de desaparición forzada en México.
Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Prodh consideraron que la reciente vinculación a proceso del exmandatario estatal representa un paso relevante, pero advirtieron que todavía existen pendientes fundamentales para garantizar verdad, justicia y reparación a las familias de los estudiantes.
Aguirre Rivero se desempeñaba como gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos de septiembre de 2014 y ahora enfrenta un proceso judicial derivado de los señalamientos realizados por dos testigos colaboradores, quienes sostuvieron que habría ordenado la destrucción de evidencia videográfica relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia de Iguala.
En ese lugar fue interceptado un grupo de normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, previo a su desaparición.
El juez que lleva el caso estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo que las organizaciones consideran determinante para fortalecer los elementos que sustentan la acusación.
Los colectivos señalaron que durante esta etapa las autoridades deberán profundizar en las investigaciones y confirmar la solidez de las imputaciones para evitar que el proceso quede limitado a una actuación judicial aislada.
“La investigación complementaria deberá robustecer y confirmar la solidez de la acusación y abrir camino para saldar esta deuda de justicia con las familias de los estudiantes desaparecidos”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto.
Las organizaciones advirtieron que la investigación contra el exgobernador ocurre en un contexto en el que todavía existen obstáculos para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos.
Entre los pendientes considerados prioritarios se encuentra la entrega completa de los documentos, reportes e información de inteligencia que permanecen en poder de las Fuerzas Armadas, particularmente aquellos que puedan aportar datos sobre lo ocurrido antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes.
Otro de los reclamos centrales es avanzar en la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, señalado como una de las figuras centrales en las investigaciones que derivaron en la denominada “verdad histórica”.
Para las organizaciones, ambos asuntos continúan siendo piezas fundamentales para esclarecer la participación y responsabilidades de las distintas autoridades involucradas en el caso.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, los colectivos insistieron en que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus hijos y quiénes fueron responsables, por lo que llamaron a las autoridades a aprovechar la investigación complementaria para profundizar en las líneas pendientes y evitar que el paso del tiempo termine debilitando la búsqueda de justicia.
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