El presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo Escamilla, informó que el Congreso del Estado analizará las implicaciones de la resolución de la SCJN que determinó que la Auditoría Superior del Estado carecía de facultades para fiscalizar recursos federales del Ayuntamiento de Acapulco, además de revisar el marco legal que regula esas atribuciones
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 7 de julio de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla, adelantó que el Poder Legislativo revisará el marco jurídico y la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que ese órgano carecía de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 por un monto de 898 millones de pesos.
En declaraciones en el Congreso local, el legislador de Morena sostuvo que la resolución del máximo tribunal obliga a revisar la interpretación que hasta ahora se hacía de la legislación en materia de fiscalización, así como las implicaciones que tendrá para futuras auditorías.
«La Suprema Corte dejó muy claro que las competencias de los estados en relación con los fondos federales no son compatibles. En este caso, la Auditoría Superior del Estado no cuenta con las facultades para auditar fondos federales. Ya hay una resolución y en el Congreso acatamos las disposiciones de la Corte», expresó.
Badillo Escamilla explicó que, cuando la ASE inició la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, existía un convenio cuya interpretación llevó al órgano fiscalizador a considerar que sí tenía facultades para realizar esa auditoría.
No obstante, indicó que esa interpretación quedó superada con la sentencia de la Suprema Corte, por lo que ahora el Congreso deberá analizar el alcance de la resolución y revisar el marco legal vigente.
El diputado explicó que el Poder Legislativo acatará plenamente el fallo judicial y realizará un análisis técnico y jurídico antes de determinar cualquier acción respecto al órgano fiscalizador.
«Somos garantes de la correcta interpretación de la ley y ahora debemos revisar cuáles serán los siguientes pasos del Congreso frente al ente fiscalizador», señaló.
Respecto a la actuación del auditor superior del estado, Marco César París Peralta Hidalgo consideró que no es momento de emitir juicios anticipados ni de plantear su remoción, al recordar que la controversia deriva de una interpretación jurídica que finalmente resolvió la Suprema Corte.
Indicó que, de existir una solicitud formal para revisar la actuación del titular de la ASE, ésta sería analizada por la Junta de Coordinación Política y posteriormente por la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
Sobre los 898 millones de pesos del FAISMUN correspondientes al Ayuntamiento de Acapulco, aclaró que la sentencia únicamente resolvió un conflicto de competencias y no determina el destino de los recursos públicos.
Precisó que la fiscalización de esos fondos corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación, la cual ya tiene programada una auditoría forense para revisar el ejercicio de dichos recursos.
El legislador reconoció que el fallo también abre el debate sobre el funcionamiento y la estructura de la Auditoría Superior del Estado, considerando que alrededor del 97 por ciento de los recursos que recibe Guerrero provienen de la Federación.
Sin embargo, sostuvo que el órgano fiscalizador mantiene una función esencial para revisar los ingresos propios de municipios, organismos autónomos y poderes públicos, por lo que consideró prematuro plantear una reducción de su estructura sin antes analizar el nuevo marco jurídico y los convenios que actualmente regulan las auditorías de recursos federales.
Finalmente, adelantó que la Junta de Coordinación Política sostendrá reuniones con el auditor superior Marco César Paris para conocer el impacto de la resolución y determinar, junto con las áreas jurídicas y las comisiones legislativas correspondientes, las acciones que deberá emprender el Congreso del Estado tras el fallo de la Suprema Corte.
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