El Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación se solidarizó con los 43 trabajadores sociales despedidos a nivel nacional, entre ellos Judith Rocío Gama Escobar, adscrita a Acapulco con más de 15 años de servicio.
Advierten que los recortes laborales derivados de la reforma judicial también ponen en riesgo la atención jurídica para la población más vulnerable
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 02 julio de 2026.– Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este jueves en la sede de Chilpancingo para expresar su rechazo al despido de 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública a nivel nacional, entre ellos Judith Rocío Gama Escobar, adscrita a la delegación de Acapulco, quien contaba con más de 15 años de servicio.
Durante la protesta, el delegado del Sindicato de Renovación en Chilpancingo, José Uriel Vega Sierra, informó que la movilización busca respaldar a los trabajadores despedidos y advertir que los recortes de personal podrían extenderse a otras áreas del Poder Judicial.
Explicó que, aunque los trabajadores afectados eran de confianza y no cuentan con representación sindical directa, el Sindicato de Renovación decidió solidarizarse con ellos al considerar que la reducción de plazas vulnera los derechos laborales y afecta a servidores públicos con décadas de experiencia.
“Hoy son ellos; mañana pueden ser otros compañeros”, expresó Vega Sierra, al señalar que el órgano de administración judicial está aplicando recortes presupuestales que ya comenzaron a impactar al personal del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Precisó que en Guerrero únicamente una trabajadora fue despedida: Judith Rocío Gama Escobar, quien laboraba en la oficina de Acapulco brindando orientación y apoyo a personas de escasos recursos para acceder a los servicios de defensoría y asesoría jurídica.
Por su parte, Raúl Ramírez, secretario de Tribunales de Circuito, advirtió que la disminución de personal no solo representa un problema laboral, sino que también afectará el acceso a la justicia de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Explicó que los trabajadores sociales y asesores jurídicos desempeñan una función esencial al atender a personas que requieren servicios gratuitos en materia penal, juicios de amparo y orientación legal, por lo que la reducción de personal provocará una menor capacidad de atención.
Asimismo, denunció que, pese a que durante la discusión de la reforma judicial se aseguró que no se afectarían los derechos laborales de los trabajadores, desde septiembre de 2024 se han registrado cientos o incluso miles de despidos dentro del Poder Judicial de la Federación.
Los manifestantes también señalaron que, mientras se despide a personal con amplia trayectoria, se incorporan nuevos trabajadores que, afirmaron, carecen de la experiencia necesaria, situación que aseguran ya comienza a reflejarse en deficiencias en la impartición de justicia.
Finalmente, el Sindicato de Renovación hizo un llamado a las autoridades para detener los despidos y garantizar estabilidad laboral a los trabajadores judiciales, además de preservar los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública a la ciudadanía.
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