Integrantes de la Misión Civil de Observación-Sexta acusaron que el gobierno federal incumplió el acompañamiento de seguridad prometido para ingresar a Alcozacán, donde comunidades indígenas denunciaron ataques armados y con drones ocurridos entre el 6 y el 11 de mayo
Texto: Yener Santos
Chilpancingo, Gro., 23 de mayo de 2026. — Organizaciones y colectivos que integran la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S) denunciaron que el gobierno federal les negó el acompañamiento de seguridad comprometido para trasladarse a la comunidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, donde pretendían documentar la situación de violencia que enfrentaron comunidades nahuas tras ataques armados y con drones ocurridos del 6 al 11 de mayo.
A través de un comunicado, la MCO-S informó que autoridades federales habían acordado brindar protección y acompañamiento a la misión a partir del viernes 22 de mayo, debido al contexto de riesgo en la región.
“Con el objetivo de documentar las graves violaciones a los derechos humanos y acompañar a las comunidades, se formó una Misión Civil de Observación conformada por distintas organizaciones, periodistas y observadores nacionales e internacionales de derechos humanos”, señala el documento difundido por las organizaciones.
Sin embargo, denunciaron que alrededor de las 10:00 de la mañana del 22 de mayo, cuando la misión se encontraba a aproximadamente 40 minutos de llegar a Tlapa de Comonfort para reunirse con integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y corporaciones de seguridad que brindarían protección, Jesús Plácido, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue notificado de que no existiría ningún acompañamiento oficial.
Las organizaciones también denunciaron que al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y a beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se les informó igualmente que no contarían con seguridad durante la misión.
Ante ello, los integrantes de la Misión Civil de Observación responsabilizaron al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión o hecho que ponga en riesgo la integridad física de quienes participan en las labores de documentación y acompañamiento en la región.
Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran el Congreso Nacional Indígena, la Misión Civil de Observación Sexta, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Raíces en Resistencia, Juventud Comunista de México, el Partido de los Comunistas, Geo-Grafías Comunitarias Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes, así como la Organización Campesina de la Sierra del Sur, entre otras agrupaciones.
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