Integrantes de la CECOP, colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales demandaron avances en la investigación del homicidio del vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz
“Ya pasó más de un año y no es posible que no tengamos ningún asesino pagando por este cobarde asesinato”, señala María de Jesús, viuda de Marco Antonio
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 22 de mayo de 2026.- Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), colectivos de familiares de personas desaparecidas y diversas organizaciones sociales protestaron este viernes afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato del luchador social y defensor del agua y la tierra, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Durante el mitin, los manifestantes reprocharon la falta de resultados en la investigación y acusaron indiferencia de las autoridades estatales y de procuración de justicia. Señalaron que, a más de un año del crimen, no hay personas detenidas ni avances claros en el caso.
En sus intervenciones, dirigentes sociales y representantes de colectivos criticaron al gobierno estatal y al fiscal de Guerrero por no atender personalmente las demandas de las víctimas y familiares. También cuestionaron la actuación de las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad para defensores de derechos humanos.
Los participantes recordaron que Marco Antonio Suástegui fue un reconocido opositor al proyecto hidroeléctrico La Parota y defensor de los bienes comunales de Cacahuatepec, además de exigir la presentación con vida de su hermano Vicente Suástegui, desaparecido desde 2021.
Carlos David Molina Rodriguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez, afirmó que la lucha de Marco Antonio representó la defensa del territorio frente a intereses económicos y políticos. Advirtió que, de no ser atendidos, podrían radicalizar sus protestas con bloqueos carreteros.
Por su parte, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que en Guerrero persisten la impunidad, las desapariciones y los asesinatos de activistas sociales, mientras que las instituciones mantienen una actitud “indolente” frente a las víctimas.
Neil Arias Vitinio, representante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, señaló que el gobierno ha fallado en brindar protección a defensores y defensoras, pese a que muchos habían solicitado medidas de seguridad ante amenazas previas.
Durante la protesta también participó María de Jesús, viuda de Marco Antonio Suástegui, quien exigió al fiscal estatal esclarecer el crimen y castigar a los responsables materiales e intelectuales.
“Ya pasó más de un año y no es posible que no tengamos ningún asesino pagando por este cobarde asesinato”, expresó.
Los manifestantes reiteraron que permanecerían en las instalaciones de la Fiscalía hasta ser atendidos por el titular de la dependencia y advirtieron que continuarán movilizándose para exigir justicia.
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