Organizaciones de 12 estados denunciaron omisión e inacción de autoridades ante la violencia en comunidades indígenas de Chilapa y demandaron una estrategia integral para frenar incursiones armadas y desplazamientos forzados
Texto: Yener Santos
Chilpancingo, Gro., 21 de mayo de 2026.- El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes (CVDFOA), integrado por organizaciones de 12 estados del país, exigió a autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar seguridad e integridad física permanentes en la ciudad y comunidades indígenas de Chilapa, con el objetivo de frenar de manera definitiva las incursiones armadas y el hostigamiento criminal.
Mediante un comunicado difundido este jueves, el colectivo manifestó su preocupación por lo que calificó como omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano frente a los ataques de la delincuencia organizada que persisten en esa región de Guerrero.
La organización también demandó atención humanitaria inmediata e integral, con enfoque de género, edad y diversidad, para las familias indígenas desplazadas por la violencia en comunidades de Chilapa.
De acuerdo con el pronunciamiento, la respuesta institucional ha sido insuficiente ante los hechos violentos registrados entre el 6 y el 11 de mayo en distintas localidades del municipio.
El colectivo advirtió que el uso de armamento de alto poder y drones con artefactos explosivos refleja una escalada de violencia que pone en riesgo la vida comunitaria de los pueblos originarios.
Asimismo, señalaron que no es la primera ocasión en que comunidades de Chilapa enfrentan desplazamientos forzados derivados de ataques armados, y sostuvieron que hasta ahora no existe una estrategia integral orientada a la pacificación de la zona.
“La respuesta oficial con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, y se ha limitado a despliegues reactivos, temporales y predominantemente militarizados”, señala el documento difundido por el colectivo.
Agregaron que, pese a la presencia de fuerzas de seguridad, prevalecen el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas que atiendan las causas estructurales de la violencia.
El comunicado también expone que actualmente no existen planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición para las familias afectadas.
El CVDFOA planteó la implementación de medidas de seguridad permanentes en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, con participación de fuerzas federales y Protección Civil.
Entre sus demandas, solicitaron que las familias desplazadas tengan acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), sin que la denuncia penal sea condicionante para recibir apoyo material y medidas de protección.
Finalmente, propusieron la instalación de una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Gobernación, con participación de víctimas, autoridades comunitarias, actores sociales de la región y organizaciones acompañantes.
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