La organización campesina acusó al gobierno federal de criminalizar a comunidades indígenas desplazadas por la violencia y demandó restituir medidas de protección al dirigente Jesús Plácido Galindo
Texto: Yener Santos
Fotografía: Archivo
Chilpancingo, Gro., 15 de mayo de 2026.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fracción Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, reprochó al gobierno federal mantener la narrativa de que la violencia y desplazamiento forzado en comunidades indígenas de Chilapa deriva únicamente de disputas entre grupos de la delincuencia organizada.
Además, exigió que se restituyan las medidas de protección al dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, las cuales —aseguraron— fueron retiradas en abril pasado.
A través de un pronunciamiento, la organización cuestionó las declaraciones emitidas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien el pasado 12 de mayo señaló a los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos como responsables de la violencia en Chilapa, situación que provocó el desplazamiento forzado de familias de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
La O.C.S.S. sostuvo que desde el poder históricamente se ha intentado desacreditar a movimientos sociales y organizaciones comunitarias mediante señalamientos que buscan vincularlos con actividades criminales.
“Acusar a los que luchan por un mundo mejor de ser parte de la delincuencia no es nuevo”, señala el documento difundido por la organización campesina.
Asimismo, recordaron que desde 2015 las comunidades vinculadas al Cipog-EZ han sufrido constantes agresiones, con un saldo documentado —según su versión— de 81 asesinatos y 25 desapariciones.
Indicaron que el pasado 6 de mayo comunidades organizadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Cipog-EZ fueron nuevamente atacadas por integrantes del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.
En el posicionamiento, la organización también afirmó que detrás de la violencia existe interés de empresas mineras extranjeras por apropiarse de recursos naturales y territorios indígenas de la región Montaña y Costa Chica, donde —aseguraron— existen al menos 24 concesiones mineras.
La O.C.S.S. acusó que grupos criminales son utilizados para generar desestabilización y facilitar el despojo territorial de las comunidades indígenas organizadas.
Finalmente, la agrupación exigió al gobierno federal restablecer las medidas de protección y acompañamiento para Jesús Plácido Galindo, al señalar que la cancelación de dichas medidas le ha impedido trasladarse a las comunidades afectadas y brindar apoyo a familias desplazadas por la violencia en Chilapa.
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