Un documento oficial revela que el Ayuntamiento acumula más de 7.3 millones de pesos en ISR retenido y no enterado al SAT; trabajadores podrían enfrentar adeudos fiscales por errores de la Tesorería Municipal. La situación exhibe un patrón de irregularidades financieras y administrativas en la actual gestión
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Acapulco, Gro., 08 de mayo de 2026. — Mientras el presidente municipal de San Marcos del PVEM, Misael Lorenzo Castillo, mantiene una intensa promoción de obra pública y actividades gubernamentales en redes sociales, al interior del Ayuntamiento crece una crisis financiera y administrativa que ya derivó en observaciones fiscales millonarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Un oficio oficial emitido por la Sindicatura Procuradora, con fecha del 29 de abril de 2026, revela que el municipio mantiene una deuda acumulada de 7 millones 334 mil 571 pesos por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026.
La observación del SAT no solo expone posibles omisiones administrativas; también coloca en riesgo directo a cientos de trabajadores municipales. De acuerdo con el documento firmado por la síndica procuradora Denise Guadalupe Valle Trujillo, el Ayuntamiento descontó el ISR a empleados municipales —entre ellos policías, personal administrativo y trabajadores de servicios públicos— pero la Tesorería no declaró ni enteró esos recursos a la autoridad fiscal.
La consecuencia podría ser grave para los propios empleados, quienes al presentar sus declaraciones anuales podrían enfrentar saldos fiscales a cargo derivados de impuestos que ya les fueron retenidos vía nómina.
“Esta irregularidad provocará que, al momento en que los trabajadores presenten su Declaración Anual, se determine un saldo a cargo considerable que deberá ser cubierto por el propio trabajador, derivado de una gestión fiscal deficiente por parte del ente público”, advierte el oficio de la Sindicatura.
La controversia escaló luego de que el actual tesorero municipal, Martín Cortés Moisén, asegurara durante la sesión de Cabildo del pasado 15 de abril que el SAT habría aplicado pagos realizados por el municipio a adeudos correspondientes a ejercicios anteriores.
Sin embargo, la síndica procuradora rechazó públicamente esa explicación y la calificó como “inverosímil”, argumentando que el sistema actual del SAT obliga a especificar con precisión el periodo y concepto de cada pago realizado.
En el mismo documento, la funcionaria aclara que ella únicamente gestionó la e.firma institucional del municipio y que ésta fue entregada formalmente al entonces titular de Tesorería mediante acta de entrega-recepción, deslindándose así de cualquier responsabilidad operativa sobre las declaraciones fiscales presentadas ante el SAT.
“La información y declaraciones consignadas ante el SAT son responsabilidad directa de la Tesorería Municipal”, puntualiza el documento.
Hasta el momento, el actual tesorero no ha presentado públicamente un informe detallado sobre la situación financiera del municipio ni ha comparecido formalmente ante el Cabildo pese a los requerimientos realizados.
Aunque el oficio de Sindicatura evita mencionar nombres, fuentes municipales confirmaron que gran parte de las omisiones fiscales señaladas por el SAT ocurrieron durante la gestión del anterior tesorero municipal, quien fue destituido meses atrás.
La ausencia de explicaciones por parte del exfuncionario ha alimentado cuestionamientos dentro del propio Ayuntamiento, especialmente entre integrantes de oposición que exigen conocer si existió un proceso formal de entrega-recepción y por qué el gobierno municipal no ha promovido acciones legales o administrativas en su contra.
“Si el tesorero anterior fue destituido y no ha aclarado nada, ¿por qué el alcalde no lo ha denunciado? ¿Dónde está su acta de entrega-recepción?”, cuestionó un regidor consultado bajo condición de anonimato.
El silencio institucional alrededor del extesorero ha comenzado a ser interpretado políticamente como un intento de contener responsabilidades dentro del círculo cercano de la administración municipal.
El problema fiscal no aparece como un hecho aislado. Durante los primeros meses de la administración 2024-2027 se han acumulado señalamientos por retrasos de pagos, conflictos laborales y decisiones administrativas polémicas.
Empresas constructoras locales han denunciado adeudos superiores a seis meses por obras ya ejecutadas, algunas financiadas con recursos federales. Paralelamente, trabajadores municipales reportaron en distintas ocasiones retrasos en salarios y el incumplimiento oportuno del pago de aguinaldos correspondientes a 2025.
A ello se suma el incremento al cobro por Derecho de Alumbrado Público (DAP), derivado de un convenio firmado con la Comisión Federal de Electricidad, medida que impactó directamente en los recibos de luz de las familias del municipio.
Otro episodio que generó críticas fue el aumento salarial aprobado para el propio presidente municipal, el cual, según versiones dentro del Cabildo, habría sido impulsado para enfrentar el pago de un laudo laboral perdido.
La administración de Misael Lorenzo también enfrenta desgaste político por el reordenamiento forzado de comerciantes realizado a finales de enero de 2026 en la cabecera municipal.
Durante el operativo, locatarios fueron desalojados del centro sin un proceso plenamente consensuado y trasladados al nuevo mercado municipal, cuyas instalaciones —afirman comerciantes— aún carecen de condiciones adecuadas para operar.
A casi tres meses del desplazamiento, la calle donde operaban anteriormente permanece destruida y sin avances visibles de reconstrucción.
“Nos sacaron como si fuéramos delincuentes, nos prometieron un mercado digno y ahora estamos perdiendo dinero. El presidente no ha vuelto a dar la cara”, denunció una comerciante afectada.
Ante la dimensión del problema fiscal, la Sindicatura Procuradora solicitó formalmente la intervención del Órgano de Control Interno para investigar posibles omisiones, ocultamiento de información y responsabilidades administrativas dentro de la Tesorería Municipal.
El requerimiento establece un plazo de diez días para rendir un informe ante el Cabildo, además de exigir la comparecencia formal del tesorero Martín Cortés Moisén.
“Señor Presidente Municipal: es imperativo transparentar las omisiones que se han venido realizando en la Tesorería Municipal desde el inicio de la actual administración”, concluye el oficio.
Mientras tanto, el SAT mantiene bajo observación las finanzas de San Marcos, los trabajadores desconocen si deberán asumir cargas fiscales que legalmente no les corresponden y la administración municipal enfrenta una creciente presión política por aclarar el destino de recursos retenidos que nunca llegaron a la autoridad hacendaria.
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