La panista María del Rosario Bustillos se trasladó a la CDMX para acusar a Erik Catalán de imponer un “reglamento mordaza”, ejercer presiones dentro del Cabildo y gobernar con prácticas que calificó como antidemocráticas
Texto: Jorge Balvanera
Chilpancingo, Gro., 10 de abril de 2026.— La regidora panista de Iguala, María del Rosario Bustillos Muñoz, llevó hasta las puertas de Palacio Nacional de la Ciudad de México, una denuncia directa contra el alcalde Erik Catalán Rendón, a quien acusó de encabezar un gobierno con prácticas autoritarias, actos ilegales y mecanismos de censura al interior del Cabildo.
Durante una protesta pacífica en la Ciudad de México, la edil solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante lo que describió como una serie de atropellos institucionales en el municipio, donde —afirmó— se ha instaurado un clima de intimidación y control político.
Con cartulinas y consignas, Bustillos denunció la reciente aprobación de un “reglamento mordaza”, el cual, aseguró, busca silenciar a los integrantes del Cabildo y limitar la libre expresión de quienes disienten de las decisiones del alcalde.
“La intención es clara: callar voces críticas y concentrar el poder”, advirtió la regidora, quien sostuvo que en Iguala “se gobierna como una dictadura”, al tiempo que señaló presuntas prácticas de corrupción, chantaje y presión política desde la administración municipal.
La edil panista explicó que dicho reglamento, avalado por mayoría el pasado jueves, fomenta la autocensura entre los regidores, y alertó que no es un hecho aislado, ya que —según indicó— previamente se han intentado aplicar medidas similares contra medios de comunicación locales.
Como acto simbólico, Bustillos Muñoz se colocó una mordaza durante la manifestación para visibilizar lo que considera violencia política en razón de género, acusación que —denunció— ha sido minimizada por autoridades estatales.
Antes de la protesta, la regidora entregó en la oficina de Atención Ciudadana del gobierno federal un expediente con diversas denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas durante el año y medio de administración de Catalán Rendón.
Finalmente, exigió que instancias federales investiguen el caso y frenen lo que calificó como un deterioro grave de la vida democrática en el municipio de Iguala.
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